El concilio de Trento, el tratado de Roma, el compromiso de Caspe, la firma de Oslo y, ahora, el convenio de Calatayud. Grandes nombres para grandes momentos. El acuerdo firmado hace unos días por el ayuntamiento bilbilitano debería entrar por pleno derecho en los anales de la historia junto a aquellos que supusieron un cambio para la sociedad del momento.

El alcalde bilbilitano, Fernando Martín, por parte del ayuntamiento, y el presidente de la comunidad de bienes de la casa azul , Juan José Langa --junto a otros cuatro propietarios--, en representación de los afectados, han rubricado un convenio por el cual la administración local compensará a los damnificados del derribo del bloque 6-8 de la calle Justo Navarro a cambio de que ellos no emprendan acciones contra el propio consistorio.

Concretamente, en virtud de este acuerdo, el consistorio se compromete a modificar el Plan General de Ordenación Urbana para permitir la construcción de más plantas en el futuro edificio (seis alturas por un lado y siete por otro, frente a las cinco que tenía la extinta casa azul ), así como a estudiar fórmulas para eximir a los propietarios de las tasas e impuestos municipales por la construcción del nuevo edificio e, incluso, a agilizar los expedientes de concesión de licencias urbanísticas para autorizar la construcción. Algo que a primera vista podría parecer su función.

Todo ello, eso sí, siempre que no se emprendan acciones contra el consistorio, habida cuenta de que algunos vecinos ya han reclamado al ayuntamiento porque consideran que la causa de la ruina del inmueble fueron dos averías en las redes de abastecimiento y saneamiento.

Algo, que a pesar de no incumplir ninguna norma, entraría en conflicto con las condiciones del convenio según señala expresamente una cláusula: "La interposición de cualquier reclamación o demanda, en vía administrativa o judicial, formulada por cualquier interesado, haya o no suscrito el presente documento, y dirigida directa o indirectamente contra el Ayuntamiento de Calatayud, autorizará a éste para suspender o rescindir unilateralmente el presente convenio, quedando relevado de los compromisos".

El nuevo documento supone así el germen de un nuevo vínculo entre la Administración y el ciudadano por el cual la primera se reserva la potestad de favorecer al segundo siempre que éste, o incluso un tercero, renuncien a ejercer su legítimo derecho de reclamar una responsabilidad contra el mismo organismo público. Un precedente que podría revolucionar o involucionar el sistema democrático actual.

Por la misma regla de tres, el Estado podría subir la pensiones de jubilación a condición de que no se recurran las multas de tráfico, eximir del IVA a todo un vecindario a cambio de que una inquilina reniegue a cobrar un boleto premiado de Loterías y Apuestas del Estado, o agilizar el empadronamiento de un inmigrante si se compromete a no apuntarse a las listas del paro, y lo que es peor, repatriar a todos los residentes de esa comunidad si a posteriori incumple su promesa. Esperemos que nada de esto se consuma y que el convenio de Calatayud sea ´sólo´ una amenaza para que los disidentes de la casa azul, bajo la presión del resto de los vecinos, no denuncien al ayuntamiento.