Las seis familias que han iniciado investigaciones por su cuenta para conocer las causas del socavón que obligó a desalojar y derribar el bloque 6-8 de la calle Justo Navarro han asegurado que se sienten "chantajeadas" por el ayuntamiento bilbilitano.

El pleno municipal aprobó el lunes, 29 de noviembre, con los votos del PP, el convenio firmado dos semanas antes por el alcalde de Calatayud, Fernando Martín, y el presidente de la comunidad de bienes de la casa azul , Juan José Langa --junto a cuatro miembros de la junta--, por el que el consistorio se compromete a agilizar y subvencionar los permisos para la nueva edificación, así como a facilitar la construcción de más alturas. Eso sí, a cambio de no exigir responsabilidades al ayuntamiento.

Para los seis propietarios, este nuevo acuerdo corrobora la tesis de que existe una "trama" para evitar que el consistorio sea responsabilizado de la ruina del edificio. Por un lado, estos vecinos ya realizaron la reclamación administrativa ante el ayuntamiento el pasado 9 de noviembre --antes de que se firmara el convenio-- y avisaron asimismo al presidente de la comunidad el 15 de noviembre por burofax.

Además, según estos afectados --conocidos por el resto de los vecinos como los disidentes--, "lo normal sería que los abogados hubieran acudido a las compañías de seguros con las polizas, tanto de la comunidad como particulares, para que éstas se hubieran encargardo de buscar responsables. Pero en lugar de eso, reclamaron directamente la compensación del Consorcio de Seguros para ocultar la verdad".

Los ´disidentes´ consideran la nueva maniobra como "una medida de presión" para poner al resto de los vecinos en su contra y aseguraron que incluso los técnicos contratados por la comunidad de bienes apuntaron al principio como causas las averías en las redes de saneamiento y abastecimiento, "aunque tras varias conversaciones con representantes del consistorio dieron marcha atrás", indicaron.

"Quieren echarnos a los leones", explica Faustino. Tampoco Ana puede ocultar su "desencanto" por la actitud de sumisión que ha tenido la mayor parte de los propietarios de las 52 viviendas y los locales.

Por otra parte, desde que el pasado 13 de octubre el Juzgado de Primera Instancia de Calatayud reiteró el derecho de estos vecinos a sondear el solar de la casa azul para conocer las causas del socavón, los vecinos han solicitado tres veces al ayuntamiento los permisos municipales para realizar las pruebas, pero todas sin éxito.

La penúltima solicitud, que se apoyó en el informe de un arquitecto, fue desestimada por el ingeniero municipal con justificaciones tan arbitrarias como que "la excavación de las tierras situadas bajo la superficie de solera demolida puede dar lugar a movimientos en el perímetro del hueco creado, que dejen a zonas no demolidas sin apoyo".

Carlos, al igual que el resto de sus compañeros, recibe cada una de estas noticias con cierto optimismo. "Cada vez tenemos más claro que el ayuntamiento oculta algo, de ahí su interés en que no podamos investigar las causas", concluye.

R. CRISTOBAL