De nuevo una crecida extraordinaria del Ebro a mediados de abril hizo saltar todas las alarmas en la Ribera Alta del Ebro que, por unos momentos, temió que se volviera a repetir el episodio de 2015 cuando hubo que desalojar varias poblaciones.

Sin embargo, y aunque los municipios ribereños se mantuvieron en vilo entre el 12 y el 15 de abril, el impacto de la avenida fue menor al esperado ya que el agua llegó de forma más laminada, quizá porque aguas arriba se produjeron algunas roturas de motas y quizá también por las pequeñas actuaciones que se han realizado en los últimos años para habilitar cauces de alivio o desbrozar las orillas. Y aunque eso evitó que el agua entrara en los núcleos de población, no impidió que dañara infraestructuras municipales, caminos, acequias, y que llegara a los campos y explotaciones ganaderas de la ribera anegando muchas hectáreas. Unos daños en el campo que aún a no se han podido cuantificar con exactitud pero que Asafre sitúa en torno a las 20.000 hectáreas afectadas en Aragón con unas pérdidas de 100 millones de euros.

CRONOLOGÍA

El jueves 12 de abril los vecinos amanecieron con la noticia de la inminente llegada de una crecida extraordinaria aunque sin saber exactamente su magnitud, ya que no había datos del sistema de seguimiento de caudales (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), como denunciaron los municipios. Este fue uno de los motivos por los que el alcalde de Pradilla de Ebro y presidente de la Comisión de Municipios Afectados por las Crecidas del Ebro, Luis Eduardo Moncín, se puso en contacto con el presidente aragonés para informarle de la situación y rápidamente se organizó para esa misma tarde una reunión con 30 alcaldes y en la que participaron el propio Lambán y el delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, entre otros. Una reunión tras la que se activó y coordinó un amplio dispositivo que movilizó a 600 efectivos entre la UME, Guardia Civil, Protección Civil y Bomberos de la DPZ. Además, se tomaron algunas medidas para reforzar las motas más próximas a los cascos urbanos y se decidió no evacuar ninguna localidad, aunque en Pradilla y Boquiñeni ya se había hecho un desalojo preventivo de las personas con movilidad reducida.

Además, en Gallur hubo que evacuar nueve viviendas ubicadas en la calle Castellar y Cuesta Nueva por el riesgo de deslizamiento de una ladera tras las intensas lluvias de los días previos y se cortó el Camino Nuevo y la entrada de Gallur por la A-127, así como la carretera CP-03 entre Pradilla con Boquiñeni. Ya al día siguiente, el asesor técnico de la Dirección General de Vivienda, Jesús Andreu, y una arquitecta técnica, Susana Gracia, observaron la situación de las viviendas de Gallur y desde el ayuntamiento se ha solicitado un estudio geoténico a la empresa Geotecnia Ensaya y una memoria valorada del talud a Proimur Consultoría de Ingeniería Civil y Urbanismo, para conocer la solución apropiada y los costes que conllevaría, con lo que el consistorio pretende agilizar el proceso y solventar el problema lo antes posible.

Sin embargo, los municipios estaban preparados para lo peor. Así, en Gallur el ayuntamiento colocó una mota de prevención en la zona del recinto ferial para evitar que el agua llegara a las viviendas próximas. Y en Torres de Berrellén la primera intención, con el visto bueno de CHE, fue recrecer la mota existente, pero las máquinas no pudieron entrar a trabajar por la inestabilidad del terreno y se decidió realizar una mota secundaria en la entrada del pueblo. Además, se realizó una reunión informativa en el ayuntamiento en la que se transmitió a los vecinos las informaciones disponibles y que sirvió para tranquilizar a la gente, como también ocurrió en Sobradiel. En Boquiñeni el agua dejó de ser potable por los niveles de turbidez y hubo que instalar depósitos portátiles en varios puntos del pueblo. Mientras que en Luceni, donde se ubicó el puesto avanzado de la UME, se abrió una red wifi libre y el pabellón estaba preparado para acoger a los vecinos en caso de ser necesario.

Algo a lo que finalmente no hubo que recurrir ya que la punta de la crecida llegó el sábado 14, rozando los 7,70 metros a su paso por Gallur frente a los más de 8 que alcanzó en 2015, y pasó sin inundar ninguna población pero cebándose en las tierras de cultivo, además de dejar numerosas granjas aisladas. Por ejemplo, en Gallur se calcula que afectó al 80% de huerta.

REUNIONES Y AYUDAS

Con este episodio muy reciente, el 18 de abril estaba programado un encuentro entre el presidente de Aragón y el presidente del Gobierno, en el que, entre otras cuestiones, Javier Lambán solicitó a Mariano Rajoy la ejecución de actuaciones en el Ebro para prevenir daños y que se cifraron en 80 millones de euros.

También estaba convocada con anterioridad, la reunión del 25 de abril entre el consejero de Agricultura y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, el comisario de aguas de la CHE, René Gómez, y alrededor de una veintena de alcaldes ribereños para avanzar en el diseño de un plan de gestión y actuaciones en el Ebro que palíen los daños de las avenidas y minimicen los riesgos de las crecidas. Una cita en la que se solicitó a todos los municipios que efectúen el listado de obras que consideran necesarias en sus localidades y en la que todos se mostraron partidarios de hacer limpiezas «puntuales» en algunos tramos concretos, de retranquear algunas motas, dejar otras inservibles y apostar por construir más cauces de alivio que permitan laminar las avenidas, así como el desbroce de maleza en los cauces. Otra medida que se va a empezar a hacer en Pradilla, y que ya han solicitado otros municipios como Torres de Berrellén o Alcalá de Ebro es la actuación forestal en los montes públicos adyacentes al río.

Y es que, como insiste Luis Eduardo Moncín, «no se trata solo de reparar daños cuando hay avenidas, sino de realizar actuaciones para evitar los daños que estas producen. No pedimos dragar el río, sino llevar a cabo un mantenimiento del cauce como se hace con el mantenimiento de las carreteras o los montes, retirando la vegetación de las orillas o los montículos de grava que se producen tras cada crecida. Como la isla de gravas que hay en término de Boquiñeni pero que afecta a varias poblaciones, de unas 12 hectáreas, y que ya hace años solicitamos a la CHE que retirara», detalla. Además, Moncín señaló otras actuaciones como el pastoreo en las márgenes del Ebro y pidió celeridad tanto a Agroseguro como al Gobierno de Aragón y al Estado para el pago de ayudas a los afectados para que estos puedan recuperar cuanto antes su actividad.

De hecho, el Gobierno de Aragón aprobó en el Consejo de Gobierno de martes 8 de mayo el decreto por el que se establecen «medidas urgentes» para reparar los daños en los 54 municipios afectados. Unas ayudas cuyo importe exacto aún está por determinar pero que llegarán a todas las todas las personas o entidades afectadas. Además, el Gobierno de Aragón asumirá la tarea de reparar los daños en las infraestructuras de riego y en las carreteras o servicios de titularidad pública. En este último caso serán las entidades locales las ejecutantes. T