El 2 de mayo se llevó a cabo la firma de los convenios para la restauración de bienes muebles e inmuebles de interés histórico-artístico de propiedad eclesiástica 2017-2018 entre la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), el arzobispado de Zaragoza y los obispados de Tarazona y Jaca; y los 85 ayuntamientos de los municipios beneficiados. Entre estos ayuntamientos se encuentran tres municipios de la Comarca Campo de Belchite: Azuara, Moyuela y Valmadrid.

La inversión total de los convenios será de 2.383.333 euros, de los que la Diputación de Zaragoza aporta el 60% (1.430.000 euros), mientras que los ayuntamientos y las diócesis participan con un 20% cada uno.

La mayor parte de esta inversión, 1,8 millones se destina a bienes inmuebles, principalmente a la restauración de fachadas, cubiertas y actuaciones de consolidación; aunque también para las mejoras de los accesos y la iluminación. Mientras que algo más de medio millón de euros, 583.298 euros, se dirige a la restauración de bienes muebles, como retablos, capillas y pinturas. La mitad del importe aprobado por la DPZ se abonará tras la firma de este acuerdo, y el resto, en el 2018, una vez que entre en vigor el presupuesto.

El presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, destacó la importancia de este plan no solo para la conservación del patrimonio de la provincia, sino también para el mantenimiento de su población. «Los municipios del medio rural se han convertido durante las últimas décadas en los guardianes de nuestro patrimonio cultural, cuyo valor material e inmaterial es incalculable. La conservación de este patrimonio depende del mantenimiento de la población rural, pero la pervivencia de los municipios depende también en buena medida de la conservación del patrimonio que atesoran. Por eso, el deber de la

Diputación de Zaragoza es salvaguardarlo», señaló.

Quero volvió a reivindicar los servicios que presta la institución en el medio rural y a insistir en la necesidad de hacer de la lucha contra la despoblación una cuestión de Estado. «Exijo que todas las instituciones, el Gobierno de Aragón, el Gobierno central y Europa actúen contra esta otra lacra invisible de una forma conjunta y que lo hagan por igual independientemente del lugar en el que se encuentre, sin discriminar unas zonas de otras por unas cifras globales que resultan engañosas y claramente perjudiciales para algunas, como sucede clamorosamente en la provincia de Zaragoza, donde la capital aglutina tres cuartas partes de la población de toda la provincia, lo que provoca que no lleguen fondos de compensación al resto del territorio», declaró Sánchez Quero. T