El 17 de mayo, en el procedimiento contencioso-administrativo interpuesto por el Ayuntamiento de Magallón contra el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, seguido ante la Sección 1 de la Sala de lo Contencioso- administrativo de la Audiencia Nacional, se formalizó el escrito de demanda en reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios ocasionados al municipio por el retraso de más de ocho años en la puesta en explotación del Embalse de la Loteta, del que es titular la CHE.

La demanda fue interpuesta tras reclamar administrativamente a la CHE, durante casi cuatro años, una compensación por dicho retraso, que está provocando que, desde que comenzara la construcción del embalse aproximadamente en el año 2000, el suelo donde se haya construido carezca de valor catastral y que por ello el municipio no pueda exigir el correspondiente Impuesto sobre los Bienes Inmuebles, importante ingreso para las arcas municipales.

Los daños reclamados se corresponden con el importe que el consistorio hubiera percibido desde 2010 de haberse puesto en explotación en la fecha prevista por la CHE, en 2010, y de haber adquirido, en consecuencia, la naturaleza de Bien Inmueble de Características Especiales, y que han sido valorados en 301.915€, más la suma de 43.103€/año desde 2017 hasta que se dicte el acto de la Puesta en Explotación.

Subsidiariamente, el ayuntamiento reclama la suma de 115.717€ hasta 2017, más la suma 16.671€/año desde 2017 hasta que se dicte el acto Puesta en Explotación, que es la suma que hubiera percibido el municipio desde 2010 de haberse mantenido la naturaleza del suelo como rústico, que era la que le correspondía con anterioridad al inicio de la construcción del embalse, es decir, lo que hubiera percibido el municipio de no haberse construido el embalse o haber mantenido la valoración que tenía como bien de naturaleza rústica.

Actualmente, está pendiente de recibirse la contestación a la demanda por el Ministerio de Agricultura y Pesca, donde previsiblemente expondrá los motivos por los que considera que no debe responder de los daños, probablemente, en la misma línea de las contestaciones de la CHE vertidas en vía administrativa. Posteriormente a la contestación, se procederá a practicar la prueba propuesta por las partes y admitida por la sala para que, finalmente, se dicte sentencia, lo que, sin poder anticipar los plazos, puede demorarse.

«El ayuntamiento continuará defendiendo los interés de los magalloneros con todos los recursos legales que le ampara el estado de derecho y es inconcebible la actitud y resolución del gobierno central de incumplir el pago del IBI del embalse de Loteta desde el año 2011», indicó el alcalde Víctor Chueca. T