Las 32 delimitaciones comarcales en las que ahora se reorganiza el territorio aragonés pueden ejercer competencias en una veintena de materias, entre las que se encuentran ordenación del territorio, transportes, protección del medio ambiente, sanidad, educación o servicios de recogida y tratamiento de residuos urbanos. La ley de medidas comarcalizadoras, de 26 de diciembre del 2001, establece el método del traspaso del competencias --mediante la comisión mixta de transferencias--, el coste efectivo de cada transferencia y los criterios de reparto del dinero según el número de habitantes de cada comarca.
La competencia más cara es la de gestión y desarrollo de la acción social que está valorada en 23,1 millones de euros.
