El Ayuntamiento de Cosuenda entregó a finales de enero 700 firmas a la presidenta del Gobierno de Aragón para que intermediara entre el nuevo propietario del Torreón de la Lisalta y el consistorio para que el torreón pasara a ser de titularidad pública. Así mismo, se entregó una solicitud a ella misma y a la consejera de Cultura, Dolores Serrat, para que explorasen la posibilidad de intermediación.

Según indican desde el consistorio, representantes del ayuntamiento fueron recibidos por la Dirección General de Patrimonio "que se negó hacer cualquier mediación" e instó al consistorio a expropiar el torreón si tanto deseaba su propiedad.

Mientras, a instancia de Javier Lambán, la consejera de Cultura recibió a los representantes municipales de Cosuenda el 11 de abril y estos le transmitieron su "malestar con su actuación al conceder la venta y no ofrecer al ayuntamiento la prosibilidad de comprarla", a lo que Serrat se comprometió a estudiar el caso. Sin embargo, "ha pasado más de un mes y no hemos sabido nada a pesar de nuestras llamadas", aseguran.

Y mientras se desarrollaban todas estas conversaciones, el 30 de abril el Justicia de Aragón dictó una resolución reconociendo que desde 1996 el Ayuntamiento de Cosuenda había mostrado un especial interés en que el Torreón de la Lisalta se mantuviera adecuadamente y en julio de 2011 hasta se dirigió al anterior propietario, peticiones atendidas por el Gobierno de Aragón, según indican fuentes municipales.

Así, el Justicia entiende que el ayuntamiento había demostrado un interés continuado que debería haber sido valorado por la DGA como indicio de una posible voluntad del consistorio en la adjudicación de la torre.

Por ello considera que "en esta tesitura, y siguiendo los principios de buena fe y colaboración entre administraciones, la DGA debería haber comunicado al Ayuntamiento de Cosuenda la existencia de una venta entre particulares a los efectos que en su caso se pudiera ejercer el derecho de tanteo por el propio Gobierno de Aragón a favor del ayuntamiento, ya que el consistorio carece de la información de cuándo y a quién se va a vender".

De esta forma, la resolución del Justicia de Aragón sugiere al Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte que establezca un protocolo de actuación dirigido a clasificar la forma en que se articula el ejercicio del derecho de tanteo y retracto, para el supuesto que estos derechos se ejerciten por el Gobierno de Aragón a favor de otra Administración; y que la Comunidad Autónoma transmita la información de la que dispone sobre ventas de BIC a aquellas otras administraciones públicas o terceros que puedan estar interesados en su adquisición.

EXPROPIACIÓN

Por todo ello, una vez que el Justicia ha dado la razón al ayuntamiento, que las reuniones con el Gobierno de Aragón no han dado sus furtos y que el propietario no ha entregado el 'Proyecto de recuperación y rehabilitación del entorno' en el plazo de cinco meses que se le dio, el Ayuntamiento de Cosuenda iniciará el expediente de expropiación por interés social del Torreón de la Lisalta.