Familias de alumnos de Secundaria que perderán, el próximo curso, el derecho a transporte escolar gratuito, estudian acciones legales que podrían desembocar en un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Departamento de Educación. La opción de acudir a la Justicia cuenta con el respaldo de Fapar, que considera que la supresión del servicio a las urbanizaciones privadas "vulnera el derecho a la educación de estas familias en una etapa educativa obligatoria".
En los últimos días, la notificación habría llegado a centros de Miralbueno, Utebo o la provincia de Huesca, que ya habrían trasladado su indignación a Fapar. Esta, por su parte, tiene previsto enviar una carta tipo a cada familia en la que se expone la queja por esta medida tanto al Servicio Provincial como a Educación. Entre otras urbanizaciones afectadas figurarían algunas ubicadas en Garrapinillos.
Educación ha comunicado a varios institutos su decisión de suprimir el transporte escolar a alumnos de Secundaria de zonas rurales que vivan en urbanizaciones privadas dependientes administrativamente de un municipio. En la circular, firmada por la dirección provincial, se expone que podrán ser beneficiarios de este servicio los estudiantes "que residan en entes de ámbito territorial inferior al municipio donde no haya un centro docente público de las etapas educativas previstas". Y establece que "se infiere la existencia de lugares habitacionales o residenciales de carácter privado sin el carácter de entes territoriales inframunicipales, como urbanizaciones privadas, en cuyo caso no tendrá derecho".
