La Fiscalía General del Estado ha remitido un oficio en el que se reafirma en la cautela solicitada sobre la concesión de la licencia de derribo de Averly. Así se lo comunicó el 29 de mayo al Ayuntamiento de Zaragoza, cuando se retiró in extremis la aprobación de esta autorización administrativa. Y también ahora, en el escrito recibido el pasado 2 de julio por Urbanismo, en el que considera que el consistorio debería esperar a que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el recurso de casación interpuesto por la Asociación Pública en Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa) sobre las medidas cautelares denegadas por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) por no hacer frente a la caución de un millón de euros impuesta a este colectivo por los perjuicios económicos que pudiera causar el proceso judicial abierto contra la catalogación de la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Aragón.
Se reafirma en su advertencia de que son los tribunales a quienes les compete decidir qué hacer sobre la licencia de demolición pedida por la constructora Brial, no al ayuntamiento. Por más que en su oficio también destaque la "inexistencia de indicios de la comisión de infracciones penales" en la tramitación de este expediente administrativo. Pero lo importante es el aviso de que "parecería conveniente" proceder a informar a la Sala III del Tribunal Supremo de la existencia de esta petición en Urbanismo y "estar a los que por dicha sala se indique". Como ya indicó también en abril el TSJA al dejar sin efecto las medidas cautelares solicitadas.
En este sentido, el fiscal de sala de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Colmenarejo, sí entra a valorar la caución de un millón de euros impuesta a Apudepa para aceptar las medidas cautelares que esta solicitó. Considera que un "coste excesivamente oneroso" puede condicionar la adopción de unas medidas cautelares, como se destacó en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del mes de febrero, y que de confirmarse el derribo "supondría frustrar absolutamente el objeto de dicho procedimiento judicial al hacer absolutamente inútil el mismo". Es decir, se reafirma en que si se derriba Averly, ¿de qué servirá que el juez le pueda dar la razón a Apudepa en el futuro?
La reacción de Urbanismo fue solicitar "con la máxima urgencia" que se emita informe por la asesoría jurídica "con carácter previo a la adopción de la propuesta de resolución que garantice la máxima seguridad jurídica a las partes". Para, a continuación, trasladar ambos documentos a los grupos municipales y decidir qué hacer al respecto. Y, de momento, subraya que se descarten las "graves irregularidades" en la tramitación que había denunciado Apudepa.
CONSULTA AL SUPREMO
Por este motivo, el escrito de la Fiscalía General del Estado sobre las medidas cautelares solicitadas por Apudepa para evitar el derribo de Averly ha dejado una "compleja" situación al Ayuntamiento de Zaragoza que ahora no sabe si debe proceder a conceder la licencia de demolición, como acto reglado que es este trámite administrativo, o atender la advertencia del fiscal sobre las consecuencias que podría tener hacerlo ante un recurso de casación que debe decidir si la cuantía de un millón de euros de caución impuesta es o no justa. Así que el consistorio "consultará al Supremo" sobre qué hacer. Así lo indicó el responsable municipal de Urbanismo, Carlos Pérez Anadón, quien criticó que "se ponga el foco" sobre esa licencia y no sobre la catalogación del Gobierno de Aragón. Y que consideró "lícitos y legítimos" los intereses de Apudepa y de la promotora, Brial.
