El 60% de los expedientes que se ha tramitado en el Programa de Mediación Hipotecaria del Ayuntamiento de Zaragoza ha obtenido resultados positivos. Es la conclusión que se desprende de los datos de balance de la llamada oficina antidesahucios durante los dos años de funcionamiento que se cumplieron el pasado mes de junio. Este dispositivo, que gestiona Zaragoza Vivienda en virtud de un convenio con el Colegio de Abogados de Zaragoza y también con el Gobierno de Aragón, fue resultado de la negociación presupuestaria con IU del año 2012.
Desde que esta se puso en marcha y hasta el cierre del pasado mes de junio, se tramitaron un total de 341 expedientes de mediación hipotecaria de las 1.469 consultas y peticiones de asesoramiento realizadas. De estos se iniciaron mediaciones en 309 casos, de las cuales el 25% aún está en trámite. El balance de las 230 que ya han concluido es que en el 60,43% de los casos el resultado fue satisfactorio.
De este modo, en 86 casos (37,39% del total) se pudo acordar una refinanciación de la hipoteca; en 32 las entidades bancarias aceptaron la dación en pago (13,91%); y en 21 (9,13%) se pudo acordar otras soluciones como la venta, la nulidad de los procedimientos... En el caso de los casos fallidos (casi el 40%), en el 24% de ellos fue porque las entidades financieras no aceptaron resolver la situación de los afectados.
CÓDIGO BUENAS PRÁCTICAS
Buena parte de los expedientes en trámite están pendientes de las contestaciones de las diferentes entidades bancarias a las peticiones de aplicación del código de buenas prácticas o en estudio de las propuestas de solución financieras planteadas por los mediadores. Pero la labor de los mediadores se ve entorpecida en algunos casos por cambios de los criterios de algunas entidades --incluso varían de una oficina a otra--, e incluso la derivación a empresas externas de gestión de riesgos.
La oficina antidesahucios registra también un problema añadido: el realojo de las personas en las que falla la mediación y, en consecuencia, se les debe buscar un lugar para vivir, dado que sus viviendas hasta ese momento deben ser desocupadas.
Aunque se trata de que las entidades accedan a poner a disposición de los afectados el Fondo Social de Viviendas (FSV), el instrumento que se puso en marcha en su día para que los bancos facilitasen a las personas que desahuciaban alquileres económicos en la misma vivienda o en otra del mismo banco.
Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones esta opción no es factible. De hecho, en una de las últimas reuniones del Consejo de Administración de Zaragoza Vivienda se puso de manifiesto el escaso éxito de este programa, con el que el Gobierno de Rajoy quiso acallar el clamor popular contra los desahucios. Según los datos que se aportaron en esa reunión, solo 13 afectados por desahucios en dos años han podido reubicarse gracias al fondo social.
El resto de las familias que necesita un realojo se tratan de derivar a la red de bolsas de viviendas de alquiler social del Gobierno de Aragón o de posibles viviendas vacantes municipales. Sin embargo, la lista de espera es larga.
