Como diría García Márquez, nos hallamos ante una nueva "Crónica de una muerte anunciada", no en un pequeño pueblo de la costa del Caribe y sí en el zaragozano barrio de San José. Repasemos los hechos para aquellos de memoria frágil.

A mediados del siglo XIX nuestro ayuntamiento cede unos terrenos a Ferrocarriles de Vía Estrecha para la construcción de una estación, y en 1901 se firma su explotación por Minas y Ferrocarriles de Utrillas. Tras el abandono de la actividad, y el expolio de una notable arqueología industrial, FEVE subasta a finales de los 80 del siglo pasado más de 40.000 metros cuadrados con un precio de 900 millones de pesetas; en 1990 son vendidos a Promociones Valparaiso por 1.200 millones, siendo hipotecados, a través de Ibercaja, con una tasación de 1.715 millones en 1992, año en que son adquiridos por Residencial Parque Bruil por 1.900 millones. ¿Podríamos hablar de especulación? Tal vez.

Pero a la especulación le acompaña el planeamiento, genérico y urbanístico. En 1990 se aprueba un Plan Especial para la Estación de Utrillas, con uso residencial dominante y el comercial meramente complementario: casi 600 viviendas, 70.000 metros cuadrados, y 15.000 para usos comerciales. En 1996, el ayuntamiento de la señora Rudi aprueba una modificación del plan, reduciendo el número de viviendas y ampliando la superficie comercial. Primer aviso: la sociedad promotora, Residencial Parque Bruil, estaba participada por dirigentes del PAR, formación que junto al PP gobernó la ciudad entre 1995 y 2003. En 1999 Alcampo solicita licencia de instalación y actividad y en 2000 abre sus puertas el centro comercial.

COMERCIO DE PROXIMIDAD

Entretanto, y a la vista de la que se venía encima, el movimiento vecinal, la Asociación de Vecinos de San José y la Federación de Asociaciones de Barrios protestaban.

Junto a los comerciantes, nos oponíamos a grandes superficies aniquiladoras del comercio de proximidad; para que los vecinos pudieran ganarse la vida en San José con una frutería o una panadería y no se vieran abocados al cierre ante la competencia feroz de una gran corporación con sede en París. Junto al Ampa del colegio Tomás Alvira, nos oponíamos a poner en peligro la seguridad de los escolares cuando pretendían primar circulación y estacionamiento de trailers y camiones de distribución a las puertas de un colegio, para comodidad y beneficio de un macrocentro comercial. Junto a organizaciones ecologistas, nos oponíamos a derruir una chimenea donde anidaban las cigüeñas y representaba el pasado industrial del barrio.

Entretanto hubo recursos judiciales de la Federación de los Empresarios de Comercio; sentencias como la del 2000 que declaraba la nulidad de actos administrativos vinculados al proceso urbanizador y edificatorio del gobierno PP-PAR; acuerdos plenarios en 2004 del equipo de gobierno PSOE-CHA con modificaciones puntuales del Plan Especial de Reforma Interior y del PGOU para eludir las infracciones urbanísticas cometidas en el denominado complejo Utrillas; sentencias como la de 2011 que estimaba que no se había vulnerado legalidad alguna; y por último la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 24 de abril de 2014, que declara la nulidad de la citada modificación del PERI.

Catorce años después de la apertura del hipermercado de Utrillas quedan cuestionadas licencias y modificaciones del planeamiento urbanístico redactado a la carta para que todo cuadrase, consecuencia de un proceso de malas prácticas al calor de los movimientos especulativos del ladrillo y el hormigón. No debió la primera corporación autorizar una obra que no se ajustaba al Plan Especial, y que únicamente beneficiaba a determinadas empresas privadas. Tampoco debió la corporación siguiente ajustar el Plan Especial a la obra ejecutada. Fueron decisiones erróneas sin asunción de responsabilidades técnicas ni políticas.

DEFENSA DE LO PÚBLICO

Todo ayuntamiento tiene obligación de defender el interés público y resulta inaceptable que sean intereses de particulares los más favorecidos, como se demuestra en el caso "Utrillas".

Esta asociación lleva 14 años pidiendo que en Utrillas se ceda, para uso público, una planta de garaje que permanece sempiternamente cerrada, ante la necesidad de zonas de aparcamiento en un sector de viviendas de los años 50 y 60. Un sector donde sus vecinos son desempleados, sufridores de recortes en las becas de comedor y a quienes se les desmantela el centro de especialidades médicas. Unos vecinos, que en modo alguno, se benefician de plantas bajo rasantes o de superficies que se incluyen para el aumento del cómputo de edificabilidad.

Hoy reiteramos, humildemente, que se valore esa posibilidad entendida como la mejor solución para el interés colectivo y que se revise la concesión de un subsuelo municipal que hoy se halla sin ocupación.

Esta es una historia muy poco ejemplar que, desde sus inicios, olía a podrida. Unos pocos se fueron de rositas y con la cartera llena pues los hechos cantan (en junio de 1998 se establece la concesión administrativa de dominio público del subsuelo mediante un procedimiento negociado sin publicidad por 99 años, sobre 14.300 metros cuadrados, con un canon anual de 5.414.000 pesetas). Otros solo pedimos lo que nos pertenece.

Afrontar la situación, dialogar con los comerciantes, con los concesionarios del subsuelo, con Alcampo, buscar fórmulas de gestión para el aparcamiento y llegar a la solución más favorable para la ciudadanía, es lo que esperamos y demandamos.