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CON LA HISTORIA A CUESTAS

España, dos siglos de constitucionalismo

 

Luis Negro Marco Luis Negro Marco
04/12/2018

La primera de las constituciones que han existido en nuestro país, fue la de Bayona, nombre con el que se conoce a la otorgada en dicha ciudad francesa por el rey intruso José Bonaparte el 6 de julio de 1808. Sin embargo, el verdadero origen del constitucionalismo español lo marcó la Constitución de 1812, sancionada el 19 de marzo de dicho año (festividad de San José –de ahí su apodo de «La Pepa» –), por las Cortes Constituyentes de Cádiz. Fueron redactadas aquellas durante el cautiverio del rey Fernando  VII, quien no la quiso aceptar una vez repuesto en el trono de España.

 De modo que el texto fue abolido el 4 de marzo de 1814. Sin embargo, fue restablecida tras el golpe de estado del general Riego, en Cabezas de San Juan, el 1 de enero de 1820. La Constitución de 1812 volvió así a estar vigente  hasta el 29 de septiembre de 1823, y fue “resucitada” de nuevo en 1836 –durante la Primera Guerra Carlista–. Poco duró no obstante aquella restauración, pues el 18 de julio de 1837 fue sancionada una nueva Carta por las Cortes convocadas a tal efecto, y aceptada después por la regente María Cristina, en nombre de su hija –entonces menor de edad– la reina  Isabel II.  Esta Constitución, reformada en 1845, robustecía el poder real y centralizaba la administración.

 Con pequeñas modificaciones e intervalos, se prolongó la vigencia del texto anterior hasta 1868. En aquel año, el acuerdo alcanzado entre diversos partidos, propicio que el 6 de junio de 1869 se promulgase una nueva constitución para España. Un acta en la que dominaban los principios democráticos, y se identificaba a la monarquía hereditaria como la forma de gobierno, apoyada por un senado de carácter electivo. Sin embargo esta constitución quedó derogada en estos dos puntos, con motivo del advenimiento de la I República (proclamada el 11 de febrero de 1873), en virtud de la cual, España se convertía en una República democrática federal. Forma de gobierno que duró menos de un año, a causa del golpe de estado protagonizado por el general Pavía el 3 de enero de 1874.

 Dos años, después –conclusa la tercera guerra carlista y proclamado Alfonso XII como nuevo rey de España–, Cánovas del Castillo asumió la responsabilidad de elaborar una nueva constitución para España, la cual fue aprobada por las Cortes el 30 de junio de 1876. La nueva carta magna establecía la monarquía legítima de Alfonso XII, la tolerancia religiosa, y la creación de un senado mixto. Esta constitución se mantuvo en vigor durante 47 años, siendo la más longeva que hasta ahora ha tenido nuestro país.  

 Su vigencia finalizó en septiembre de 1923, bajo el reinado de Alfonso XIII,  a causa del golpe de estado del general Primo de Rivera, que estableció una dictadura militar en virtud de la cual dejaba en suspenso (pero no cancelaba) la constitución de 1876. Primo de Rivera ordenó a la Asamblea Nacional la redacción de una constitución, que en realidad era una “carta otorgada”, es decir, no  emanada de la soberanía popular. Eso aceleró la caída de la dictadura, que culminó con la dimisión de Primo de Rivera el 29 de enero de 1930. Un fin de la dictadura que anunciaba asimismo el de la monarquía, cuyo desencadenante fue el triunfo obtenido por las candidaturas republicanas en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931; dos días después, Alcalá Zamora anunciaba el advenimiento de la II República, y con ella una nueva constitución para España, que se promulgó el 9 de diciembre de 1931. Un texto que acometía grandes reformas en terrenos tan importantes como el de la agricultura, la iglesia, la  educación, el ejército, la justicia, y el desarrollo de los Estatutos de Autonomía para Cataluña, País Vasco y Galicia.

 La constitución republicana de 1931 permaneció vigente  hasta el 1 de abril de 1939, fecha en que terminó la guerra civil (1936-1939) y fue abolida por Franco. Durante el franquismo el Estado se rigió de acuerdo al «Fuero de los Españoles», formulado en 1945 como una Carta de Derechos para dar apariencia democrática ante los aliados victoriosos de la  II Guerra Mundial.

 Transcurridos treinta años, el 22 de noviembre de 1975, dos días después de la muerte de Franco, Juan Carlos I era coronado rey de España, iniciándose la Transición hacia la democracia. De este modo, en diciembre de 1976 quedaba aprobada mediante referéndum la Ley para la Reforma Política de España, y el 6 de diciembre de 1978 los españoles aprobaron –nuevamente por referéndum– la actual Constitución española. 

  Nuestra actual Carta Magna contempla a España como una Monarquía constitucional, de la que es rey Felipe VI, y un Estado autonómico, cristalizado en un régimen democrático estable y plural, sustentado en la seguridad jurídica que emana de la legalidad constitucional.