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El estado de las arcas públicas

Presupuestar casi a ciegas

El cambio de Gobierno y consejero, la falta de Ejecutivo central, la incertidumbre de las perspectivas económicas y la falta de la liquidación de la financiación autonómica dificulta la redacción de las cuentas

 

El consejero de Hacienda, Carlos Pérez, conversa con el ministro de Fomento. - ÁNGEL DE CASTRO

Antonio Ibáñez Antonio Ibáñez
08/09/2019

La confección de la ley de los presupuestos es la más compleja de cualquier Gobierno a pesar de que parte de una tesis sencilla: se trata de captar los ingresos suficientes para mantener la maquinaria administrativa y prestar servicios públicos de calidad. Este año, la redacción de los presupuestos del Gobierno aragonés es todavía más compleja por diversos motivos. Y acumula un retraso notable, aunque desde el Ejecutivo autonómico se muestran confiados en que el 2020 empezará con las cuentas aprobadas.

Sin embargo, no ocultan su preocupación por diversos motivos. El principal, la merma de 400 millones de ingresos que debería liquidar el Gobierno central como consecuencia de los anticipos de la financiación autonómica de ejercicios pasados. La financiación del Estado a las comunidades se hace a partir de adelantos que se hace en función de las previsiones del Gobierno central sobre los ingresos de tributos que cede a las autonomías. Se liquidan a dos años vista y si la entrega es superior a lo presupuestado, a las comunidades les toca devolver (como ocurrió hace diez años) y si es al revés, al Estado le corresponde dar más. Lo que ha sucedido ahora

La ausencia de Gobierno central y los presupuestos prorrogados está creando profundas dificultades a las comunidades, que además ven todavía más complicada su labor por el hecho de que este año ha sido electoral y ha habido nuevos Ejecutivos. De hecho, la orden para diseñar los presupuestos, que debe aparecer publicada en los boletines oficiales, ni siquiera ha aparecido. Es más, ni siquiera se ha aprobado el techo de gasto, que por ley debe aprobarse el 1 de agosto. Algo que se incumple año tras año.

El Gobierno de Aragón se constituyó tarde, a principios de agosto. Y con nuevo consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, que a su vez ha renovado parte del equipo anterior. Esto también complica un poco más la situación, ya que el nuevo consejero ha pasado el mes de agosto adaptándose a su nueva responsabilidad y estudiando las maltrechas cuentas públicas del departamento que hereda de Fernando Gimeno.

Las circunstancias son tan complejas que el propio presidente Javier Lambán ha reconocido que si no se resuelve la situación, el pago de las nóminas de diciembre puede resultar complicado. En cualquier caso, la situación se resolverá antes, y tanto el Ministerio de Hacienda como la Vicepresidencia del Gobierno, aunque sea en funciones, está tratando de dar salida y manteniendo reuniones con las comunidades autónomas para resolver el pago de las liquidaciones de la financiación autonómica. Incluso se plantea la posibilidad de que se celebre un consejo de Política Fiscal –que se había previsto para principios de verano– para tratar de desbloquear esta situación.

Ante este escenario, y la ausencia de una interlocución con el Estado, por la incertidumbre de que no hay Gobierno, la confección de los presupuestos está siendo complicada. Se está poniendo sobre el papel lo que no se sabe si se va a poder cumplir. Por tanto, y más siendo el primer presupuesto de un Gobierno examinado con lupa por estar formado por cuatro partidos, hay que hilar fino para que no haya errores. Además, con unas perspectivas de crecimiento económico poco halagüeñas, lo que hace que haya que ser cautos a la hora de elaborar unas cuentas expansivas.

Los presupuestos son, por tanto, la primera prueba de toque del cuatripartito. Y como tal, es clave saber cómo será el modelo fiscal que establecerá el Ejecutivo aragonés en el que hay en este punto visiones contrapuestas. Todo indica que –y más siendo el primer año– no saltarán chispas por este motivo. Otra cosa es lo que suceda en años posteriores, cuando se acerque el final de la legislatura. Algo habitual en todos los gobiernos que no cuentan con mayoría absoluta. Sin ir más lejos, el PSOE y CHA no pudieron aprobar las cuentas de este año y se prorrogaron las del 2018 por la negativa de Podemos –hoy socio de Gobierno– a aceptar las condiciones de los partidos que sustentaban al Gobierno.

Además de estas dificultades, se unen las voces que hablan de la necesidad de hacer recortes para mantener el nivel de déficit. Es algo que no se plantea el Gobierno de Aragón, pero las amenazas externas sobre esta cuestión son continuas. De hecho, así lo marca la Autoridad Independiente Fiscal, por ejemplo. Y las instituciones europeas siempre andan al acecho con la tijera. Sin ir más lejos, el Banco Central Europeo ya ha indicado que es insostenible el nivel de servicios públicos de España si se plantean bajadas de impuestos. Algo que en algunos gobiernos, como el de Madrid, plantean hasta querer convertir esa comunidad en un paraíso fiscal. Algo inconcebible si luego pretenden que el Estado financie lo que ellos no hacen.