El proceso independentista catalán parece adscrito a la mayéutica socrática: en lugar de las respuestas que los ciudadanos exigen de cualquier proyecto político, el procés ofrece un amplio catálogo de interrogantes:

¿Cómo y por qué hemos llegado hasta aquí?

El pujolismo sentó, desde sus inicios en 1980, sólidas bases para adoctrinar al pueblo en un sentimiento nacional exacerbado, acompañado de una creciente aversión hacia el abuso hispánico (Espanya ens roba). Después vinieron el olímpico Maragall y el perfilbajista Montilla y sus nefastos tripartitos, a agitar con la mano izquierda la coctelera nacionalista, preparando el camino triunfal del auténtico hereu, el delfín Mas, llamado a conducir el país hacia la independencia, o en su defecto, hacia el martirio.

Desde aquel lejano 1980 hasta como quien dice antesdeayer, los sucesivos gobiernos españoles han asistido, impasibles y negando por puro interés todas las evidencias de la traición, a un larguísimo proceso de preparación del choque de trenes que se producirá antes de que termine este 2017.

A lo largo de los últimos 37 años (los mismos que duró la dictadura franquista), los españoles no nacionalistas residentes en Cataluña han sido abandonados al totalitarismo separatista. Quienes han osado resistirse y se han atrevido a abrir la boca han sido insultados, acosados, marginados y difamados, sin que nadie saliera en su defensa.

¿Por qué el choque de trenes sólo lo puede evitar el maquinista catalán?

En un Estado de Derecho, manda la ley, que emana de la soberanía popular. La pretensión de convocar un referéndum sin tener competencia para ello (amparándose en tramposas argumentaciones democratoides) y la intención aún más temeraria de declarar unilateralmente la independencia de Cataluña son actos de una ilegalidad manifiesta, que no resistirían el más elemental análisis jurídico del peor estudiante de primero de Derecho.

Ningún gobierno español, sea del signo político que sea, puede aceptar semejante órdago. Ningún país ni organización internacional serios amparará semejantes pretensiones situadas fuera de toda legalidad.

Así pues, sólo quien conduce la locomotora catalana puede evitar el choque, pisando el freno. El otro convoy está parado en la única vía posible, la del ordenamiento jurídico vigente, y su única opción ahora mismo es confiar en que el otro entre en razón.

¿Por qué la única solución posible no es factible? Por solución posible entiendo aquella que fuera capaz de contrarrestar, poner en cuestión y eventualmente desactivar el ímpetu irracional del separatismo. En las elecciones catalanas de 2015, planteadas como plebiscitarias, el voto no independentista superó al secesionista. Solamente la movilización masiva en la calle de ese voto haría fracasar la secesión.

Lamentablemente, Ciutadans, el único partido político con representación parlamentaria que llevaba en su programa el antinacionalismo, acaba de “adaptar” su ideario a los “nuevos tiempos”, virando hacia una posición cada vez más tibia y menos beligerante, justo en el momento en el que sería necesaria la mayor de las contundencias. Inés Arrimadas, la jefa de la oposición en el Parlamento catalán, debería estar liderando una protesta antiindependentista sin precedentes, en lugar de andar trampeando el ideario del partido para pescar votantes despistados.

Las valientes acciones de organizaciones como Societat Civil Catalana no son suficientes. Como suele ocurrir, en las batallas decisivas, los profesionales de la política se refugian en la retaguardia, esperando a que pase la tormenta.

¿Por qué la aplicación del art. 155 de la Constitución no es una buena solución?

Mientras los independentistas han hecho minuciosamente su trabajo, si atendemos a las increíbles revelaciones del exsenador de ERC, Santiago Vidal; los sucesivos gobiernos españoles no se han molestado ni siquiera en algo que parecería evidente haber abordado, ante la creciente amenaza secesionista: desarrollar legislativamente el art. 155 de la Constitución para determinar qué hará exactamente Madrid si se convoca un referéndum ilegal y/o se produce una declaración unilateral de independencia.

La tan solicitada aplicación del art. 155, así, en bruto, es un pecado que lleva en sí mismo su propia penitencia: cualquier acción coercitiva sobre dirigentes catalanes elevará a estos a los altares del martirologio nacionalista y convertirá al pueblo catalán en víctima colectiva de la opresión españolista. Populistas de vanguardia como Pablo Iglesias ya se han apuntado a ese carro, poniéndose la Constitución por montera y despreciando olímpicamente las reglas del juego. Mayéutica viene del griego maieutikós, que puede traducirse como partera. A través de la mayéutica socrática, el conocimiento se alcanza planteando el maestro preguntas al discípulo, hasta que este descubre la verdad oculta en su propia mente. En ocasiones, las cosas se ponen difíciles y la partera, en lugar de asistir un parto, se ve obligada a provocar un aborto. H *Escritor