Este artículo es un resumen, a pequeñas dosis, de los 20 títulos que, gracias a la bondad de este periódico, he escrito desde el 8 de septiembre del pasado año y que me han demostrado que es más fácil hablar que escribir. Razón por la cual en España hablamos tanto y de todo:
O se recupera la búsqueda del acuerdo en beneficio del bien común y con la más amplia base social posible o, desde el frentismo cainita que padecemos, se resquebrajarán los cimientos de nuestra democracia.
Es más fácil resolver, pensando en 400.000 personas (el Aragón vaciado), una treintena de problemas (las comarcas) que no resolver 718 (los pueblos).
Sin pecar de ingenuo, creo que una vez que España cuente con una norma electoral más equilibrada y solvente -que garantice la estabilidad y gobernabilidad institucional- el resto de las reformas políticas irán cayendo por su propio peso.
Mi afirmación más categórica es que existe Teruel porque forma parte de la comunidad aragonesa. Casi todo lo que se ha hecho en Teruel ha sido el resultado exclusivo de decisiones adoptadas por los gobiernos de Aragón.
Nunca hubiera podido imaginar que un político joven -Albert Rivera- con una imagen atractiva y un discurso bastante estructurado, pudiera cometer el tremendo error político que le ha hecho perder la oportunidad de ser el líder de la segunda transición.
Lo primero que debería considerarse es que el Estado español no puede tratar en pie de igualdad al poder político catalán.
Espero que el grupo parlamentario del PAR, en estos asuntos (supresión del impuesto de sucesiones) no abandone nunca ni el centro ni la transversalidad.
La ley de la custodia compartida era necesaria porque la sociedad aragonesa estaba cambiando.
La Fundación Santa María de Albarracín, gestiona la restauración del patrimonio, impulsa la promoción cultural y activa la economía.
Aragón debería defender, cuidar con mimo y desarrollar con más energía, dos ideas imprescindibles para su existencia y su futuro: el autogobierno y su hijuela, un modelo territorial propio.
Hay que considerar qué modelo territorial y competencial es el más adecuado contra la despoblación.
El acuerdo bilateral económico-financiero que regula el artículo 108 de nuestro Estatuto, es el camino para completar y asegurar un sistema de financiación más justo, solidario y eficiente.
225 diputados constitucionalistas, es un número más que suficiente para propiciar y ser el motor de todas las reformas que los españoles exigen, incluyendo las necesarias enmiendas a la Constitución.
El problema es que, en este país, desde que te despiertas una mañana después de haber soñado una idea, hasta que la ves realizada, pueden pasar años que parecen siglos.
Necesitamos una sociedad más participativa y preparada para lo que se nos viene encima, si no andamos con cuidado. Porque de las posibles dádivas del Estado a Cataluña -y de paso al País Vasco- para intentar adormecer las ansias de secesión, saldremos todos escaldados.
Es más fácil mantener el equilibrio entre cuatro partidos distintos -dos pares- que en un gobierno monocolor de tu propio partido.
No creo posible que Sánchez se atreva a vulnerar la Constitución en ningún caso. Si lo hiciera, se merecería que los ciudadanos le dieran una patada en el trasero.
¿Callará Aragón cuando a otras comunidades con menos derechos históricos se les reconozcan privilegios que Aragón nunca tendrá? ¿No sería más inteligente y justo reforzar el papel de las comunidades más leales con España y no el de las que quieren romperla?
Cuando un país tiene la fortuna de dar con un par de líderes (mejor si son tres) -con sentido de Estado, generosos y con respaldo popular-, tiene resueltos casi todos los problemas.
Ralentizar el proceso soberanista con fórmulas más o menos acordadas está bien si, a la vez, se toman medidas para que la sociedad catalana desande progresivamente el camino y vaya volviendo al estado original, aunque sea con algún triunfo añadido.
