En plena pandemia, hace cinco meses, lancé la propuesta de que mientras durase esta situación ningún sueldo público (políticos, presidentes de entes y de empresas públicas, altos funcionarios, asesores, etc.) debería superar los 3.000 euros netos al mes.
Como quiera que nadie se daba por aludido y casi todos los concernidos se llamaban a andana, envié sendas cartas al Defensor del Pueblo y al Justicia de Aragón, solicitando que tramitaran esta iniciativa.
La tercera adjunta al Defensor del Pueblo (¿cuántas tendrá?) me respondió con evasivas, diciendo que remitiera mi petición a las administraciones competentes (¿a todas?) y que si pasado un tiempo no respondían, que volviera a ponerme en comunicación con ese organismo inútil. Vamos, algo similar al «Vuelva usted mañana» de Larra.
Entonces, envié mi propuesta a la Comisión de Peticiones del Congreso de los Diputados, pensando, iluso de mí, que esta gente trabaja, se preocupa del pueblo que les paga y demás inocentes supuestos. La respuesta, generada de modo automático, fue que esa oficina del Congreso estaba cerrada -supongo que por vacaciones- y que me atenderían a partir del 1 de septiembre.
Pues bien, han pasado casi tres semanas y nadie de la Comisión de Peticiones se ha dirigido a mí para atender mi demanda; silencio administrativo.
En realidad, a toda esta plétora de vagos e incompetentes el pueblo español le importa un bledo. La casta va a lo suyo: el poder, los privilegios y la pasta. Nada más les interesa.
Con 23 ministros, 27 secretarios de Estado, 154 directores generales, cerca de un millar de asesores, decenas de jefes de prensa, directores y secretarios de gabinete y demás cargos de libre designación (todos estos ingresan más de 3.000 euros netos mensuales), a nadie de este Gobierno, ni de la oposición (otros que tal), se le ocurre pensar que, a lo mejor, el esfuerzo que deben hacer no es decir que «hacen un gran esfuerzo», que es mentira, sino rebajarse el sueldo hasta los 3.000 euros y dedicar lo sobrante a paliar las carencias de tanta gente que lo está pasando fatal.
Porque, además, ¿alguien es capaz de justificar qué han hecho hasta ahora ministros como el de Universidades, un tipo risueño que ni tiene plan A ni B ni nada, y se jacta de ello, o la de Igualdad, que no sabe redactar correctamente un texto de ley, o la de Educación, una verdadera inane?
Y no, no vale la trampa demagógica de los que dicen que donan parte de su salario, porque lo cobran íntegro; lo que hagan después, es cosa suya. Angelicos.
