La historia de la televisión privada en España es en buena medida la historia de decisiones administrativas polémicas. Una herramienta tan potente como un canal es demasiado apetecible para el poder político. La sospecha de que el Gobierno quiere favorecer a grupos editoriales afines con la concesión de nueve canales de TDT no quedará confirmada o desmentida hasta dentro de un tiempo, pero planea porque los precedentes le otorgan verosimilitud. En todo caso, será polémica porque será la consecuencia de un monumental error cometido en el 2010 por el Gobierno de Zapatero, que, contrariamente a lo que establece la ley audiovisual, los concedió sin concurso previo. Si eso ya resultó sorprendente, tanto o más lo es que en el 2013, tras un fallo condenatorio del Supremo, el Gobierno de Rajoy declinase corregir el error y aceptase que esos canales deben dejar de emitir --lo que finalmente sucederá mañana-- y ser reasignada su titularidad. Dado el discreto nivel de calidad que ha ofrecido la TDT en España, la pérdida transitoria de nueve canales no será probablemente ninguna catástrofe para el espectador.
