En el límite de la legalidad, Cataluña vivió ayer un proceso de participación ciudadana liderado por la Generalitat, ejecutado por miles de voluntarios y protagonizado por cientos de miles de ciudadanos que decidieron acudir a los centros de votación. Como han puntualizado ambos Gobiernos, esta alternativa a la consulta inicialmente planteada y suspendida por el Tribunal Constitucional no tenía las mínimas garantías para engendrar ningún tipo de mandato democrático. Queda por determinar el resultado de las investigaciones abiertas por algunos jueces y por la fiscalía que finalmente optaron por no retirar las urnas ni fichar a los voluntarios pero que acabarán aclarando los límites de la implicación de la administración autonómica. El debate, pues, se centra a partir de hoy en la eficacia política de la participación de 2.250.000 ciudadanos que emitieron su opinión sobre las preguntas pactadas por las fuerzas soberanistas hace poco menos de un año. El resultado no sorprende: 80,7% Sí-Sí, 10,1% Sí-No y 4,5% No.

Abrir paso a la política

Ahora hay que intentar no negar las evidencias. El apoyo popular al soberanismo se mantiene estable y en alguna medida se crece frente al inmovilismo. Ese apoyo tiene reflejo en la representación política en el Parlamento catalán pero choca con el marco legal vigente en Cataluña anclado en la Constitución de 1978. Por muchos atajos populistas o jurídicos, de derechos históricos o de victimismo, tanto por una u otra parte, que se intente esgrimir la realidad es tozuda.

La salida de este laberinto pasa por la política de altos vuelos. Es decir, por la negociación, que ahora sabemos que nunca ha dejado de existir, haya influido más o menos en el desenlace del 9-N, obstaculizado pero no abortado por el Estado.

En esta tesitura, el debate entre las fuerzas soberanistas se centrará ahora en el adelanto electoral y en la presentación de una lista única CiU-ERC. Pero nada indica que las elecciones anticipadas resuelvan el problema de fondo. La alternativa es profundizar en la negociación con el Estado para darle una salida negociada al conflicto abierto.

La ciudadanía no se merece que el tacticismo partidista impere de nuevo. Quienes participaron ayer y quienes no lo hicieron volvieron a dar una muestra de civismo y convivencia que no se ha de perder.