Todos los cursos se abren y se cierran aulas, en la pública y en la privada, aquí y en cualquier otro lugar. La escolarización obligatoria es un servicio público de proximidad y, en consecuencia, está condicionada por la evolución demográfica. A nadie debería extrañarle, por tanto, que para el próximo curso se cierren aulas por falta de alumnado, especialmente en la zona rural, y se haga necesario abrir otras en los barrios en crecimiento demográfico. Lo que resultaría extraño es que en una misma zona se abriesen nuevas aulas en un colegio cuando en el de al lado existen plazas vacantes. Pues eso ha sucedido más de una vez: se concertaban nuevas unidades en un centro privado mientras el público, en su misma calle, iba quedándose vacío.
La oferta de plazas escolares no puede hacerse a la carta ni venir determinada exclusivamente por la demanda social. La decisión le corresponde a la administración educativa. Esa es su responsabilidad, para así garantizar «el derecho de todos a la educación mediante la programación general de la enseñanza», como dice el art. 27.5 de nuestra Constitución. No vale argumentar una interesada «libertad de elección», que como tal no aparece en el texto constitucional, para forzar la apertura de unidades en un centro privado y ligarla, además, a la inexistente legalmente «obligación» de subvención o concierto por parte de los poderes públicos. Primero, planificación general de centros y luego, libertad de elección entre los existentes, pero no al revés. Conjuguemos bien las libertades en la enseñanza, como acertadamente titula un libro de un excelente jurista aragonés.
La administración pública tiene toda la legitimidad democrática y legal para no concertar una nueva vía en un centro privado si dispone de plazas vacantes en los centros públicos de su misma zona. No abrir un aula al comienzo de una etapa no equivale a «cerrar» nada. Otra cosa sería cerrar unidades ya en funcionamiento en cursos intermedios. Casi todos los años se cierran algunas a consecuencia de falta de alumnado (expediente de aula vacía) pero no pueden cerrarse si mantienen su matrícula en los parámetros normalizados de su zona.
El concierto educativo es un instrumento jurídico muy potente y si se pretende modificarlo sin argumentos contundentes hay muchas probabilidades de que el centro afectado interponga recurso y lo gane, como ha sucedido en bastantes ocasiones. Pero recuérdese que la LODE no asegura que todos los centros privados deban tener concierto, ni mucho menos, pues solo dice que «tendrán preferencia para acogerse a ese régimen de conciertos aquellos centros que satisfagan necesidades de escolarización, atiendan a poblaciones en condiciones socioeconómicas desfavorables o que, cumpliendo los requisitos anteriores, realicen experiencias de interés pedagógico para el sistema educativo» (art. 48.3).
Vuelve el eterno debate pública-privada en nuestro país. Se mezclan planteamientos ideológicos con intereses económicos y de clase social. Existe mucho fariseísmo y maniqueísmo. Nada diré sobre los políticos «defensores» de la pública y profesores funcionarios que llevan a sus hijos a la privada: si hay plazas, en su derecho están. Ni se me ocurría meter en el mismo saco a todos los centros privados concertados: los hay de todo tipo, como en la pública. Hay centros concertados que responden satisfactoriamente a las necesidades de escolarización de su zona y otros que seleccionan indirectamente a su alumnado con actividades complementarias y cuotas «voluntarias» que deben abonar las familias. Tal vez sea necesario revisar el módulo económico del concierto, pero el centro que voluntariamente se acoge al concierto, junto a los derechos que obtiene por ello, está sujeto también al control de las obligaciones que conlleva.
Treinta años después de los primeros conciertos (LODE, 1985) no tiene sentido una nueva «guerra escolar» entre pública y concertada. Pueden convivir sin graves problemas, como hasta ahora. La mejor defensa de la pública es dotarla de recursos y ponerla en valor, «vendiendo» mejor sus logros y posibilidades, la calidad de su profesorado y sus innovaciones pedagógicas. Eso corresponde sobre todo a su titular, la administración pública, responsable también de la planificación general de la enseñanza.
La planificación o planeamiento es clave en política educativa. Hay que hacer estudios previsionales para diez años, adelantándose a las necesidades demográficas de los nuevos barrios. Habrá que contemplar una red integral, integrada e integradora, en la que la pública sea la columna vertebral pero sin olvidar los centros ya sostenidos con fondos públicos. Por último, los avances en arquitectura permiten construir centros flexibles que en un primer momento se utilicen para infantil y primaria y que luego se reconviertan para secundaria. Hace años teníamos problemas de escolarización en la zona norte de Zaragoza y ahora los tenemos en la sur. Algo deberíamos haber aprendido.
*Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación
