Ante la posibilidad de que el Ayuntamiento de Zaragoza decida recurrir el fallo del Contencioso Administrativo que anula la prohibición municipal de ceder suelo para un colegio concertado (privado) en Valdespartera, el PP lanza un órdago: la DGA estaría dispuesta a acelerar los trámites para que las intalaciones estuvieran operativas en septiembre. Curioso proceder cuando se trata de facilitar la puesta en marcha de iniciativas educativas privadas (aunque formen parte del sistema como concertadas) y sorprendente agilidad en la construcción. ¿Por qué no ocurre lo mismo con los públicos?