El Ministerio de Hacienda ha propuesto una solución salomónica para resolver el conflicto que mantiene con las comunidades autónomas por no liquidar el IVA que se les debe tras un cambio en la norma de las liquidaciones y que afectó a una mensualidad del 2017. En total, son 80 millones que se adeudan a Aragón, cuyo Gobierno ha anunciado -al igual que otras comunidades gobernadas por los socialistas y todas las dirigidas por los populares- la intención de recurrir a los tribunales. Para evitar este conflicto, la decisión salomónica que plantea la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es flexibilizar dos puntos el déficit de las comunidades autónomas, a cambio de no pagar las cantidades adeudadas, que suman un total de 2.500 millones de euros. Es decir, permite más endeudamiento a las autonomías a cambio de no pagarles. Evidentemente, esta medida no satisface las exigencias de las comunidades, que no quieren más tensiones en sus mermadas tesorerías y consideran que no pueden ser los paganos de unos cambios que ellos no decidieron. Y menos cuando algunas comunidades han realizado un destacable esfuerzo de contención para no dispararse en el déficit mientras que otras no han tenido la misma responsabilidad. De hecho, algunas comunidades, las que mantienen su presión fiscal y las que más esfuerzos han hecho por no desviarse en el déficit, incluso han propuesto que haya un objetivo de déficit diferenciado para aquellas comunidades que sí han hecho los deberes.
El hecho de que Montero haya heredado del popular Cristóbal Montoro un problema que ella no ha creado no la exime de asumir la responsabilidad que tiene el Gobierno con las liquidaciones autonómicas. Y asumiendo que las arcas del Estado tampoco están boyantes y en estos momentos no pueden asumir el pago, la decisión de relajar la senda del déficit puede paliar el problema a corto plazo, pero crear uno más grave a medio.
