La crisis actual ha hecho aparecer en España otras crisis casi eternas, de las que nunca se ha intentado seriamente su transformación. Una de ellas, en mi opinión la más importante, es la crisis institucional, o sea, la necesidad de una buena Administración pública. En un país, lo más importante es el buen funcionamiento de sus instituciones, en cuyo engranaje los partidos políticos no son más que una herramienta al servicio de las mismas.

Pero es que, además, la crisis se está llevando por delante la poca credibilidad que tenían nuestras instituciones. Habría que aprovechar la superación de la crisis y la corrupción para barrer definitivamente este modelo institucional tan mejorable. La obsesión por mejorar la competitividad económica debe ir acompañada de una profunda reforma de la función pública, apostando por la profesionalidad, la excelencia y el talento. De no ser así, es posible que la crisis financiero-económica se vaya superando (eso sí, con el adelgazamiento del Estado de bienestar que es el objetivo real de esta crisis), pero nos habremos instalado en un subdesarrollo institucional casi definitivo que hará inoperante el posible crecimiento económico. Es tan importante el cambio institucional que, de lo contrario, nuestro país nunca será un país moderno y desarrollado, ya que las instituciones son el factor fundamental del desarrollo integral de un país.

Es unánime la percepción de que tiene que cambiar la Administración, aunque nadie tenga un diseño y una hoja de ruta sobre cuál es el modelo conceptual de la Administración pública del futuro. Y solo desde un diagnóstico preciso es posible construir una propuesta certera y sólida.

PARA HACER EL diagnóstico hay que empezar por el análisis físico de la Administración pública. Se suele decir que la nuestra es demasiado larga (exceso de niveles: Estado, autonomías, diputaciones, comarcas y ayuntamientos) y demasiado gruesa (exceso de empleados públicos). Esto es cierto pero es demasiado superficial, porque hay que hacer una comparativa con los países de nuestro entorno. Y ahí vemos que todos los países tienen sistemas complejos articulados en tres niveles: Estado, nivel intermedio y Administración Local. El sistema autonómico, que es el último en aparecer en España, está muy consolidado como para echarse atrás, por mucha discusión que haya sobre recentralización y descentralización. Y aunque haya muchas comunidades autónomas excesivamente pequeñas, y difíciles de justificar económicamente, el elevado nivel de institucionalización y apoyo social hace imposible su retroceso. El momento oportuno fue el de la elaboración de la Constitución de 1978, de donde salió un sistema autonómico excesivamente fraccionado. El famoso «café para todos» en una sociedad que entonces tenía muy pocos anhelos autonómicos.

Como a nivel autonómico no hay nada que hacer, salvo su perfeccionamiento, las miradas se concentran en el nivel local, que en España es muy complejo: diputaciones (provinciales, forales, cabildos, consejos insulares), ayuntamientos y, en algunos casos, comarcas. La víctima más propicia a su eliminación son las diputaciones. Mi opinión es que no son el problema sino una solución (eso sí, claramente mejorable) ante un problema de mayor calado que es el excesivo volumen de municipios que hay en España: más de 8.000 municipios y el 85% de los cuales agrupan a menos de 5.000 habitantes, es decir, tienen unas dimensiones insuficientes para ser eficaces y eficientes en su gestión. También Francia y Alemania tienen inframunicipalismo. Y Grecia ha sido obligado por la UE a suprimir de forma radical el número de sus municipios, y ha suprimido dos terceras partes de los mismos. España tiene un gran problema para reducir el número de sus municipios, pues la opción de agregación de municipios no se plantea por ser un país muy ligado al cantonalismo y a la aldea. Por lo tanto, si no se cambia el actual mapa municipal, la supresión de las diputaciones es un disparate, ya que su función reside precisamente en subsanar parcialmente las disfunciones de unos ayuntamientos excesivamente pequeños para afrontar sus retos diarios de gestión. ¿Se está dispuesto a pasar de 8.000 municipios a 2.000? Ni lo considero conveniente ni posible. En todo caso, eso sería una cuestión previa a cualquier reducción de las diputaciones.

Respecto al excesivo número de empleados públicos (tres millones), debemos compararlo con el de otros países europeos. Y ahí vemos que el ratio población/empleados públicos de España está en la media baja. Por ejemplo, Gran Bretaña, país de tradición y práctica ultraliberal, posee en términos relativos más empleados públicos que España.

*Profesor de Filosofía