Denuncio como gay, militante del Partido Popular, enfermo de sida y persona silenciada durante más de 48 años de existencia, la conspiración para secuestrar el derecho fundamental de más de 4.000.000 de españoles homosexuales. El silencio es muerte, y yo no pienso dejarme morir. Por eso, cuando escuchaba las palabras tremendamente insultantes e injuriantes de mi compañero Angel Cristóbal Montes, como portavoz de mi partido en las Cortes de Aragón, hacia el colectivo de españoles homosexuales, oponiéndose a reconocer nuestro derecho de adoptar, recordaba el contenido del documento Consideraciones acerca de los Proyectos de Reconocimiento Legal de las Uniones entre Personas Homosexuales, de la Congregación para la Doctrina de la Fe . Lleva fecha de junio de 2003, está firmado por el cardenal Joseph Ratzinger y en el mismo se dan consignas e instrucciones a todos los políticos católicos del mundo. Escuchando a Cristóbal me dí a cuenta de cómo muchos de estos políticos católicos perjuran --juraron la Constitución--, al obedecer estas consignas ciegamente olvidándose del mandato de las urnas, el único válido.

Las citadas consideraciones tienen también como fin iluminar la actividad de los políticos católicos, a quienes se indican las líneas de conducta coherentes con la conciencia cristiana para cuando se encuentren ante proyectos de ley concernientes a este problema. Con respecto al fenómeno actual de las uniones homosexuales, las autoridades civiles asumen actitudes diferentes. A veces se limitan a la tolerancia del fenómeno; en otras ocasiones promueven el reconocimiento legal de tales uniones, con el pretexto de evitar, en relación a algunos derechos, la discriminación de quien convive con una persona del mismo sexo; en algunos casos favorecen incluso la equivalencia legal de las uniones homosexuales al matrimonio propiamente dicho, sin excluir el reconocimiento de la capacidad jurídica a la adopción de hijos.

CON RABIA recordé que se acaban de cumplir 55 años de la proclamación de la Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades. El Estado del Vaticano no ha suscrito la mencionada Declaración ni tiene intención de ello, y España no sólo se lo consiente sino que exige que todos los españoles le financiemos. También parece obligado recordar que la Constitución Española, en su artículo 10, dice que "la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social". Y añade: "Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos". Y aún dice más en su artículo 16.3: "Ninguna confesión tendrá carácter estatal".

NO PODEMOS pues, con nuestras bases de datos y las del Ministerio de Hacienda, hacer de agencia recaudatoria de un estado extranjero que además de no suscribir la Declaración Universal de los Derechos Humanos los vulnera reiteradamente. El propio Código Penal español penaliza la discriminación por razón de orientación sexual, por eso, las palabras de Angel Cristóbal Montes son presuntamente constitutivas de estos supuestos penales. La fiscalía de oficio, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial, debería actuar. ¿Lo hará?

En la 59 Sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, concretamente en abril de este año, la República Federativa do Brasil presentó una proposición de Resolución sobre Derechos Humanos y Orientación Sexual, cuyo contenido condenaba cualquier desigualdad de las personas homosexuales en el mundo e instaba a los países miembros de la ONU a modificar sus legislaciones. Casualmente, o no de forma tan casual, la ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio y su jefa de gabinete, Elena Segura, contactaron conmigo como presidente de la Plataforma Popular Gay para solicitarnos colaboración y apoyo, puesto que el Gobierno español, junto con la totalidad de los países de la Unión Europea la copatrocinaban.

Espero que ante estas reflexiones el actual secretario general del Partido Popular retire los recursos de inconstitucionalidad a las leyes de Navarra y País Vasco y no presente el recurso de inconstitucionalidad anunciado a la de Aragón, pues desde la Plataforma Popular Gay pensamos constituirnos en lobby gay en el mismo seno del partido si no alcanzamos en España la plena igualdad jurídica. Anunciado y justificado queda.

*Presidente de la Plataforma Popular Gay