En España hay casi 250.000 aforados, según Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial. Si en su día la Constitución recogió este derecho/privilegio como forma de proteger a los tribunales ordinarios de posibles presiones políticas, hoy estas viven en el tortuoso y largo camino que, especialmente en los casos de corrupción, llevan hasta el Supremo, el órgano competente. Es llamativo que esta figura no exista en Alemania, Reino Unido o EEUU y solo mínimamente en Portugal, Italia o Francia.
Si fue pensada como una medida de precaución para no enmarañar procesos en una incipiente democracia, 40 años después ya debía haber sido revisada. Si lo fue para disuadir y no remover las trayectorias previas de demócratas de toda la vida que permanecieron incrustados en el nuevo sistema, con mayor motivo. Y si como piensa gran parte de la gente solo sirve para solidificar una red de impunidad en torno a la actividad política en particular, definitivamente sí. No es casualidad que si en Europa uno de cada tres percibe la corrupción como problema en su país, en España sean el 66%, según Transparencia Internacional para el 2016. Poco ayuda que en febrero y según el BOE, el Gobierno ya hubiera favorecido con 6 de sus 11 indultos concedidos a condenados por prevaricación.
El último escenario que condensa casi un tratado de malas prácticas llenas de sospechas lo tenemos en Murcia. Un ahora expresidente (después de 45 días) que faltó a su palabra de dimitir si era imputado y un sucesor propuesto, Fernando López Miras, que ha declarado su rotunda fidelidad al destituido antes que a los murcianos o a la Ley y habla de «restituir una injusticia». El caso lleva tintes de novela negra, con un fiscal anticorrupción al que roban documentos por tercera vez y con un PP que en boca de Maillo y Hernando pretende limitar la acción popular en las acusaciones, algo que huele a inconstitucional, y así «evitar que se gane en los tribunales lo que no se ganó en las urnas».
Ciudadanos, ese partido que obtuvo su hueco institucional en la promesa de la regeneración tiene ahora la llave, la oportunidad de explicitar la diferencia entre un pacto y una componenda y demostrar que no tiene una diferente vara de medir según en qué territorio se encuentre, su prueba del nueve. Su premisa es la de acabar con los aforamientos de diputados y consejeros autonómicos. No son un cuarto de millón, pero algo es algo. H *Periodista
