Con el trasvase de agua del canal Segarra-Garrigues a cuatro comarcas de Lérida y Tarragona culmina para la Generalitat de Cataluña «un gran proyecto de país» mientras que para las Tierras del Ebro se abre una indeseable confrontación territorial en casa. Las artimañas del Gobierno catalán, que por un lado arremete contra la reserva hídrica de Aragón con tal de preservar el caudal ecológico del Delta y, por otro, detrae caudales aguas arriba para llevarlos a Barcelona, han quedado desveladas con este trasvase del Segre que lleva camino de desatar otra guerra del agua pero esta vez dentro de Cataluña. Al Segarra-Garrigues, conocido como el canal a ninguna parte, había que darle la salida para la que fue concebido por Pujol en el año 2000: abastecer agua de boca y usos industriales a Barcelona y de paso regar el secano leridano. Diecisiete años después, esta faraónica infraestructura solo está ejecutada en un 20% aunque se ha chupado más de la mitad del presupuesto con un sobrecoste del 81% y ha dejado fuera de juego, por falta de rentabilidad, a los pequeños agricultores. Detrás de esta chapuza y de la intención política catalana que ha puesto en alerta a los aragoneses, hay informes ocultos y maletines con dinero y documentación vinculados al consorcio Aguas Segarra Garrigues (ASG) formado por la UTE que construye la obra y habrá de explotarla y mantenerla durante treinta años. Responsables de estas empresas fueron detenidos hace dos años acusados de pagar comisiones a Convergencia. Tanta merde no debería inquietarnos, de momento. H *Periodista
