Durante lustros la política hidráulica española ha sido planeada y llevada cabo por gestores ineficaces cuando no venales. El hoy extinto (afortunadamente) Plan Hidrológico Nacional (PHN) fue el colofón a toda una serie de despropósitos que sin duda alguna iban más allá del trasvase del Ebro. Pantanos mal proyectados, obras inconclusas u otras cuyo calendario y presupuesto acaban por irse de madre, irregularidades presuntas o ciertas, absoluto despreció por los costes sociales y medioambientales... el repertorio es amplio. En Aragón la sensación que puede existir en estos momentos es la de que estamos sumidos en un equívoco hidrológico descomunal, una enorme tomadura de pelo que debería llevarnos a cuestionar hoy todas las propuestas hidráulicas oficiales que tenemos sobre la mesa. El fantasmal Pacto del Agua ya no es sólo un acuerdo jamás cumplido; es además una especie de ciénaga en la que andamos chapoteando instituciones, partidos políticos y la sociedad entera.

ARAGON se asoma hoy a la verdad, si quiere verla. Ni siquiera los más acérrimos partidarios de la hidrología más tradicional e intervencionista (cuyos criterios un día compartimos casi todos) podrán negar la evidencia de que las más importantes obras de regulación y aprovechamiento del agua en nuestra parte de la cuenca del Ebro son un compendio de chapuzas, errores y proyectos más que discutibles. Vimos caerse Jánovas de la lista de pantanos pendientes; pero mucho antes la gente del pueblo que debía ser inundado fue echada de sus casas y éstas dinamitadas. Al final el embalse no era necesario. Luego hemos asistido atónitos al naufragio de Santaliestra, una presa supuestamente imprescindible cuyo proyecto y expediente administrativo han sido reiteradamente rechazados por los tribunales a causa de gravísimos fallos que incluso afectaban a los controles básicos de seguridad. Quedaron probados luego importantes irregularidades en el procedimiento; por ejemplo en la expropiación de los terrenos afectados, que hace poco fue anulada en sentencia firme. Y justo entonces se nos dice que, de todas formas, bien podrá sustituirse Santaliestra (cuya realización es ya casi imposible) por un recrecimiento del embalse de San Salvador, donde no hay mayores afecciones. ¿Por qué no se fue desde el principio a dicha solución?

HAY MAS, por supuesto. Tenemos el caso de La Loteta, el famoso pantano que debería servir para surtir de agua de calidad a Zaragoza, además de reforzar (con mucho disimulo, que la UE no está por la labor) alguna zona de riego. Nadie podrá decir que alguien pusiera problemas a tal embalse. Pero el caso es que, estando los suelos ocupados y listos desde el 96, los trabajos no empezaron hasta dos años después, y aunque tendrían que estar acabados a finales del 2001 o principios del 2002, tal es la hora que sigue sin saberse cuando finalizarán; ahora bien: van a costar catorce millones de euros más de lo previsto.

¿Y qué me dicen de Montearagón? Cuando empezaron a excavar se comprobó que los estudios geológicos previos no servían de nada. Hubo que parar las obras y replantear todo el proyecto y ampliar el presupuesto. El frenazo duró años. Sólo falto una suspensión de pagos de la empresa constructora. Ahora el pantano está listo, pero aún no han hecho las conducciones para llevar su agua, por ejemplo, a la red de suministro de Huesca donde la esperan desde hace no se sabe cuánto. Claro que esa ausencia de obras complementarias destinadas a la utilización de los caudales regulados no se da sólo en el caso de Montearagón: el pantano de El Val se acabó en el 97, ya se han hecho las pruebas de carga, mas tampoco hay conducciones que permitan ponerlo en uso.

¿Y el recrecimiento de Yesa, preguntarán ustedes? A la vista de los casos antes citados (y de otros que me ahorro explicar como el fracaso del bombeo de agua del Matarraña al pantano de Pena) cabe plantearse todo género de dudas sobre su necesidad, sea cota máxima (una barbaridad palmaria) o a la cota intermedia adoptada como salomónica fórmula de nuevo compromiso político. Sería preferible estudiar otras opciones alternativas antes de tomar decisión alguna. Y simultáneamente habría que someter todo el aparato que administra el agua a una depuración drástica y una reorganización total. Si las confederaciones hidrográficas fuesen empresas privadas, allí ya no habría quedado títere con cabeza. Ojalá la ministra Narbona actúe en consecuencia.