Apenas nos hemos recuperado del susto de los recortes en educación, sanidad, dependencia, prestaciones sociales, rebajas de salarios, pérdidas en nuestra capacidad de compra y desmantelamiento de las políticas sociales, cuando el Gobierno propone a través de una comisión de expertos, rebajar la cuantía de las pensiones y romper el compromiso de aumentarlas por el IPC.

Con el argumento de adelantar la regulación del factor de sostenibilidad que preveía la última reforma para el 2027 y reducir sus costes para garantizar el control del déficit de las cuentas públicas, nos quieren colar un cambio de modelo, basado en la capitalización individual y no en el de reparto como tenemos todos los países europeos.

A pesar de los cinco años de crisis, el sistema tiene un fondo de reserva de 65.000 millones de euros y está superando la coyuntura con mayor holgura que otras instituciones. Es más, las actuales prestaciones dan cobertura no solo a sus titulares, sino a los núcleos familiares dependientes, sin ellas la situación social sería incontrolable.

Para ellos: troika, Gobierno, aseguradoras, bancos y otros muchos interesados, el sistema público de pensiones está seriamente cuestionado por la crisis y la negativa evolución demográfica. No hay razones suficientes para tanto catastrofismo, si bien es cierto que las menores afiliaciones, impagos, moratorias y el 27/% de paro son una losa capaz de arrastrar casi 6.000 millones del fondo de reserva (que está para eso) en cinco años de crisis, la relación entre cotizantes y pensionistas ha bajado al 1'98 desde el 2'53 en 2007(la proporción más alta en los últimos 25 años), pero todavía está por encima de la década de los 90. Siendo cierto que la evolución demográfica nos sitúa un escenario complicado para el 2030, las reformas de la ley 27/2011 tienen como objetivo superarlo. Para eso se amplió la edad de jubilación de los 65 a los 67 años de forma progresiva, se formó la jubilación anticipada y parcial, se elevó el número de años exigibles para alcanzar el 100% de los 35 a 37 años, se amplió el periodo de cálculo para las bases reguladoras de 15 a 25 años, se aminoró el "valor" de cada año de cotización, el endurecimiento del reconocimiento de los subsidios... etc, etc; hasta más de 20 actuaciones distintas mandata la ley que se hagan en los próximos meses en temas de enorme transcendencia.

Pero con apenas medio año de vida, sin el mínimo tiempo para observar sus resultados,sin haber cuestionado previamente su contenido, dan por agotada su efectividad y se proponen entrar en una nueva fase de reforma del sistema que pasa por definir un modelo alternativo, algo incomprensible, salvo por el negocio que pueda suponer.

Esta ley que, salvo el PP, contó con el mayor apoyo parlamentario en el Pacto de Toledo y consenso social de todas las reformas de pensiones realizadas en los últimos 30 años, garantiza la viabilidad del sistema, controlando el gasto hasta no superar el 13% del PIB en los años 40, cuando las numerosas cohortes de empleados actuales accedan a las prestaciones. Todos los países de la Unión Europea que han realizado reformas semejantes en estos años, contemplan este objetivo de gasto y no tienen en perspectiva cambiar el sistema.

ESPAÑA está en la cola de países del euro en gasto de pensiones, 1862 euros/habitante (10'7% del PIB) frente a la media de la UE-euro 13% del PIB (2769 euros /habitante) o el 12'8% de Alemania, el 14'4% en Francia,16% en Italia .Solo superamos a Rumania, Irlanda y Noruega. Si esto lo trasladamos a cuantías, el 70% de nuestros pensionistas no superan los 1.000 euros, un 25% inferiores a la media europea en contributivas y el 50% por debajo de las no contributivas.

No les valen argumentos, el Gobierno quiere aprovechar los problemas que el sistema tiene, para reducir de forma inmediata las pensiones actuales y meterles un hachazo a las futuras, por eso está creando las bases para definir un modelo que adecue las pensiones a la evolución de los ingresos y gastos de la Seguridad Social.

El primer paso lo dio asumiendo ante Bruselas adelantar el "factor de sostenibilidad" en la ley de estabilidad financiera aprobada el pasado año, luego creó una comisión de expertos con amplia representación de las compañías de seguros y bancos y ahora lanza mensajes catastrofistas sobre el sistema de reparto. Habría que recordar que a lo largo de la historia de la Seguridad Social en Europa (más de 75 años) los sistemas públicos de reparto han sabido adaptarse a los constantes cambios. ¿Alguien se imagina qué hubiese ocurrido con sistemas de capitalización en esta crisis de quiebras financieras o en la Alemania de los años 30 con aquella terrible hiperinflación?

Si bien es cierto que este debate se reproduce cíclicamente y es una aspiración histórica del sector financiero, la coartada de la crisis, el apoyo de la Comisión Europea y la mayoría parlamentaria del partido popular, la convierte en una amenaza real de enormes consecuencias.