Los tres meses de estado de alarma han finalizado y España vuelve a una normalidad que no podrá ser como la de antes porque habrá que tener siempre la vista pendiente en los posibles rebrotes y porque costará mucho recuperar la senda económica y social que se empezaba a transitar con éxito después de los años terribles de la crisis iniciada en el 2008. Ahora, la pandemia del coronavirus ha interrumpido ese camino para soportar una crisis aún mayor, si cabe, aunque la recuperación, si se hacen las cosas bien y se ha aprendido de la experiencia, puede ser más rápida que la de después de la Gran Recesión.
El estado de alarma ha transcurrido con mucha angustia, demasiadas improvisaciones, bastantes errores y una crispación política excesiva. Pero también con buena voluntad y el balance, aunque el número de muertos es muy alto, se tome la cifra que se tome, podía haber sido mucho peor, porque es indudable que la dureza del confinamiento de la población ha servido para evitar decenas de miles de fallecimientos, como se puede comprobar al compararlo con los países que aún tardaron más en reaccionar que España. Ante la posibilidad de un rebrote, es ineludible reforzar la sanidad pública, a la que se destinará ya un punto más del PIB, y constituir la reserva estratégica de material de la que habló Pedro Sánchez en su última comparecencia televisiva.
La crispación no ha disminuido en los últimos día. Ayer en Galicia Pablo Casado ya no ha desperdiciado la oportunidad de acusar al Gobierno de ocultar el número real de muertos y de asegurar que en las autonomías donde gobierna el PP ha habido menos fallecimientos en las residencias de ancianos que en las que dependen del PSOE. Esta afirmación es compatible a la vez con responsabilizar de las residencias a Pablo Iglesias, en una lamentable subasta para adjudicar al contario la culpa de las muertes.
Pero, más allá de los rifirrafes políticos del día a día, los partidos políticos tendrán que comprometerse en la hora de la verdad de tomar postura sobre la reconstrucción del país. El primer envite es la posición sobre el fondo que la Unión Europea debe aprobar en julio -otro retraso sería suicida- por un valor de 750.000 millones de eurosy ante el que el PP se sitúa junto a los halcones del norte de Europa exigiendo un endurecimiento de las condiciones. El Gobierno y la oposición deberían tener una posición común para facilitar un acuerdo.
El otro campo de batalla será la aprobación de los presupuestos. Sánchez quiere explorar pactos en todas las direcciones, incluido el PP, aunque nadie debe llamarse a engaño: el primer partido de la oposición no va a apoyar las cuentas porque, aparte de las diferencias ideológicas, la aprobación significaría la luz verde para acabar la legislatura y el PP sigue apostando por erosionar al Gobierno para que no pueda agotar el mandato. Sin embargo, la idea de alcanzar pactos de geometría variable es la que hay que intentar y no reducirse a acuerdos con los partidos de la investidura, que es lo que querría Unidas Podemos aun a riesgo de estar sometido a las veleidades negociadoras de ERC.
