Por su condición de impuesto, el ICA se somete a los principios de ordenación del sistema tributario establecidos por la Ley General Tributaria, entre los que se encuentran los de generalidad e igualdad, que entroncan directamente en la propia Constitución, y que exigen llamar a «todos», como dice el texto constitucional, al sostenimiento de los gastos públicos. Cualquier excepción a ese «todos» constitucional debe ser especialmente medida y justificada para no producir situaciones de privilegio y discriminación incompatibles con los principios constitucionales de justicia tributaria.
El ICA, en consonancia con dichos principios, tiene una vocación de aplicación general en toda la Comunidad Autónoma, lo que no excluye sino, al contrario, exige el reconocimiento de especialidades allí donde existe justificación para ello.
Depurar en Zaragoza resulta necesariamente más barato que en el resto de Aragón. También lo es educar a un alumno de primaria o prestar asistencia sanitaria. Y no por eso se nos ocurre oponernos a que el fruto de la recaudación de nuestros impuestos se aplique más allá de la Z-40.
Apelar al encarecimiento que ha supuesto el modelo concesional para el conjunto del plan de saneamiento y pretender que sólo lo soporten el resto de pueblos y ciudades de Aragón parece una actitud poco coherente con el necesario principio de redistribución y generalidad que rigen en nuestro sistema tributario. Este Gobierno está esforzándose por enmendar los errores del pasado y acometer las obras de depuración pendientes bajo un modelo de gestión que permitan reducir costes. Ahora bien, cualquiera que sea el sistema de gestión que se utilice, se generarán gastos que habrá que afrontar con el ICA.
En Zaragoza, desde 2016, una vez concluido el periodo de no sujeción previsto para compensar a la ciudad el previo esfuerzo inversor, los usuarios van a pagar por el vertido de aguas residuales, además del precio de Ecociudad, el impuesto bonificado al 70%. De este modo se iguala la carga impositiva que debe soportar el usuario de Zaragoza con el de otras localidades como Jaca, Ejea de los Caballeros o Huesca, donde el ICA se paga al 100% de la tarifa y donde, puestos a hacer balanzas, también se habrían pagado ya su depuradora con lo pagado por sus vecinos.
Las balanzas fiscales no son un instrumento sano para el funcionamiento de nuestra convivencia y parece mentira tener que escucharlo de representantes electos desde formaciones progresistas.
Las numerosas informaciones -en ocasiones inexactas, cuando no tendenciosas- que, de diversos modos, llegan al ciudadano de Zaragoza, pueden inducirle a importantes errores en relación con el ICA. De ningún modo, se están pagando de nuevo las instalaciones de depuración de la ciudad de Zaragoza, como en ocasiones se sostiene. Tampoco se pretende privar a este municipio de las competencias que actualmente ejerce, o incidir en el desarrollo de las mismas. Al contrario, el Ayuntamiento de Zaragoza tiene garantizada la plena autonomía en la gestión de sus instalaciones y, hay que recalcarlo, en la financiación de las mismas, que hace a través de sus propios ingresos. El tratamiento de aguas residuales generadas en el municipio de Zaragoza en depuradoras de gestión autonómica, como es el caso de las estaciones del Huerva y de Utebo, se encuentra amparado doblemente en su declaración como obras de interés autonómico y en el convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón para la ejecución de las políticas de saneamiento y depuración (BOA de 20 de febrero de 2008).
Cualquier cambio en nuestra gestión requeriría la modificación o derogación de la Ley reguladora del impuesto. Puesto que nuestra Constitución excluye la iniciativa legislativa popular de la materia tributaria, son los grupos parlamentarios en las Cortes de Aragón o el Gobierno quienes pueden promover el cambio.
La semana pasada, el Gobierno de Aragón dio el primer paso, constituyendo la Mesa en la que se quiere debatir sobre la regulación del impuesto y poniendo sobre la misma todos los elementos a regular.
La regulación del impuesto, como toda la ley aragonesa de aguas, es manifiestamente mejorable, situación de partida que, unida al interés mostrado por las organizaciones de consumidores y usuarios y empresariales, así como por Red de Agua Pública constituye una garantía de éxito en nuestra labor. Esperamos contar en futuras convocatorias con la participación del Ayuntamiento de Zaragoza y otras entidades que nos trasladen su interés en hacer aportaciones para la nueva regulación del impuesto.
*Directora del Instituto Aragonés del Agua
