Cuando cumplimos un año de covid, solo nos faltan las batallas por el poder en las diferentes comunidades autónomas y la convocatoria electoral en Madrid. A veces tengo la sensación de que estamos gafados. Sabiendo que las elecciones las carga el diablo, ¿por qué este circo?. El que más o el que menos está cabreado, ansioso, harto de encierro, de mascarillas, de colas y distanciamientos. La visión de un verano normal nos arrastra a la melancolía de tiempos pasados, y la desesperante espera por la vacuna nos aviva todavía más la irritación al ver a nuestras infantas vacunadas en los Emiratos Árabes para visitar a papá. En fin, ellos sabrán, pero como decía De Gaulle. «Los que desembarcan en Normandía no desfilan necesariamente en París».
No aprendemos, seguimos igual. Los mismos que hace 17 años negaban la autoría yihadista de los atentados de Atocha (que estos días recordamos) construyendo la farsa etarra por interés electoral, dicen ahora que convocan elecciones en la Comunidad de Madrid para garantizar la libertad de los madrileños.
Todo vale; socialismo o libertad, susto o muerte, conmigo o contra mí, solo o con leche, póntelo pónselo, con cebolla o sin, kétchup o mostaza… La cuestión es animar el barullo, marear al personal, que el desastre de la gestión madrileña no salga a la luz.
Séptimo acuerdo en un año
Menos mal que en medio de un escenario político tan tóxico y deprimente, el diálogo social entre empresarios, sindicatos y Gobierno ha vuelto a romper el molde de ese ambiente para pactar un acuerdo sobre los repartidores de plataformas digitales, el séptimo acuerdo en un año. Tras 41 juicios con sentencias favorables de los jueces, considerando falsos autónomos a estos trabajadores y una sentencia del Tribunal Supremo en ese sentido, el acuerdo permitirá que más de 18.000 trabajadores de este sector gocen de sus derechos ya, y la nueva ley limite los abusos que en este y otros sectores se hace, utilizando a trabajadores por cuenta ajena como autónomos.
Una vez más la ministra de Trabajo está demostrando que desde la izquierda del PSOE se puede ser eficaz, responsable, valiente políticamente y capaz en la gestión y en la conciliación de posturas tan diferentes. No consumirá un debate en las tertulias o comentarios de prensa, como en los anteriores acuerdos, ni siquiera un exabrupto en la barra del bar o en las redes sociales, pero esa es la política real, la que sirve para mejorar la vida de las personas.
Como tampoco la noticia de que la UE presiona a España para bajar la temporalidad en las administraciones. A cambio de los fondos europeos, la UE va a exigir que se ponga coto a este problema muy arraigado en las autonomías y especialmente en educación y sanidad.
Tercera vez
Es la tercera vez que la Unión nos hace advertencias en este sentido. Las anteriores, en forma de sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que mandataba a las instituciones españolas y tribunales a resolverlo. Visto que, lejos de reducirse, aumenta, los condicionantes de fondos van a ser más que un motivo disuasorio.
La temporalidad forma parte de nuestro mercado de trabajo desde mediados de los ochenta. Los últimos datos de la EPA nos dicen que uno de cada cuatro trabajadores es temporal en nuestro país. En la administración esta ratio llega a ser de uno de cada tres. Todos sabemos que la temporalidad es un lastre para la productividad, y factor determinante para la desigualdad, el empobrecimiento generacional, la frustración personal, la protección social y la formación; pero solucionarlo es otra cosa. La hipocresía de clamar contra ella en campaña electoral y fomentarla al día siguiente cuando se gobierna nos lleva a ser el farolillo rojo de la UE en esta cuestión.
Todas las administraciones quieren reducir costes de personal penalizando las condiciones de trabajo, sobre todo a los sanitarios y enseñantes, que tienen los niveles más altos de interinos (más del 41% entre los sanitarios y el 35% entre los enseñantes). Utilizan el desempleo para reducir plantillas en el verano, se saltan los límites legales en la flexibilidad, imponen funciones a su trabajo que no pueden hacer con los funcionarios, sobrecargan los horarios, las guardias y las jornadas. Hay muchos sanitarios y enseñantes que acumulan en un año más contratos que cualquier peón estacional de la agricultura.
Cuando la basura política sobrepasa y la pandemia te consume anímicamente, la posición de la UE en estas cuestiones devuelve la esperanza. Todavía hay posibilidades de que la política resuelva problemas de la ciudadanía entre tanto espectáculo impúdico.
