L as imágenes de los temporeros extranjeros hacinados en casas y naves con escasas o nulas condiciones de salubridad en la zona de Fraga y Albalate de Cinca que hoy publica EL PERIÓDICO son vergonzantes. Y lo peor es que hace años que se repiten en Aragón y se hace, más bien se ha hecho, muy poco para solventar el problema. Hasta la alcaldesa de Fraga, Carmen Costa, reconoce que se acumulan 30 años de retraso. La situación de estos trabajadores, que no hay que olvidar vienen a hacer tareas que los españoles --ni siquiera los que están en paro-- quieren realizar, se ha agravado este año por la crisis sanitaria global. Pero aun sin ella, poner coto a estas condiciones es una cuestión de dignidad. La primera preocupación que surgió con las medidas dictadas por el Gobierno para frenar la pandemia incidía en si los agricultores iban a disponer de mano de obra suficiente para recoger la fruta, pero poco o nada preocupó que los que estuvieran dispuestos a venir a ganarse el jornal dispusieran de alojamientos adecuados.
La detección de un brote entre este colectivo disparó la alarma y fue necesario habilitar un pabellón municipal para aislar a aquellos que pudieran resultar infectados por el virus, pero no se pudo activar. También desde el ayuntamiento se han ofertado ayudas para que los empresarios agrícolas puedan beneficiarse a la hora de ampliar instalaciones. No obstante, no se puede paliar en un año lo que se arrastra desde hace décadas. Una comunidad agrícola como Aragón, con falta de mano de obra para campañas como las de la fruta o la vendimia, debería implicarse junto con los empresarios para garantizar unas buenas condiciones de habitabilidad a los que muchas veces recorren cientos de kilómetros en busca de un sustento, para que las ofertas de trabajo vayan acompañadas también de una bolsa de viviendas dignas. Redundaría en menos problemas de seguridad y quizás, como ya se han dado casos, algunos se asentarían en el territorio.
