No empezamos bien la legislatura, con el diputado de Teruel Existe escondido y escoltado a pocas horas de la votación de investidura ante las amenazas recibidas. La infame realidad del acoso y el chantaje a los discrepantes del pensamiento único que ha costado miles de vidas y envilecido la de tantos otros, es un resorte que sigue saltando en momentos críticos.

La amenaza no conoce de territorios, habita bien en la cabeza o en las tripas de aquellos que tienen una mirada totalitaria. Y si la crisis sanitaria ha vuelto a enseñarnos el lado cooperativo de esta sociedad también lo ha hecho con el ensañamiento como modus operandi de una minoría, una minoría muy ruidosa.

Cuando el portavoz Fernando Simón comunicó la decisión de no hacer público el nombre de los doce técnicos de la Dirección General de Salud Pública, encargados de estudiar las solicitudes de la Comunidades Autónomas en las fases de desescalada, por la dificultad de trabajar con libertad si no es desde el anonimato popular, el grito colectivo se puso en la inadmisible falta de transparencia. Quizá deberíamos ponerlo antes en el análisis de que espacio público estamos creando en el que los funcionarios deben protegerse por su trabajo y su resultado va a estar siempre bajo sospecha.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias sabe bien de lo que habla porque ha sido vilipendiado no solo por su labor profesional sino por su capacidad e incluso por su físico. Así que para parar el golpe de esta tarea de triaje, estará el político, el ministro Illa, responsable de la última decisión.

Inés Arrimadas ha conocido esta semana el eufemismo de la presión política por votar a favor del estado de alarma, traidora es el más suave de los calificativos escuchados como si asistiéramos a un enfrentamiento entre los Ultra Sur y los Boixos Nois. Junqueras, ayer mismo, amenazando al Gobierno que si su actitud de buscar respaldo en los brazos de Ciudadanos se repite no mantendrá la investidura. ERC ese partido que sale y entra de los apoyos de la mayoría según si pesa más su adhesión al procesismo o a la izquierda. El PNV y el PP gallego tan preocupados por la amenaza de unas elecciones autonómicas en septiembre que enturbiaron la prórroga de la alarma. Todo se empezó a torcer cuando el ministro Ábalos advirtió «o la alarma o el caos». Los órdagos de esa categoría, aunque estén llenos de razón, provocan respuestas con una escalada mayor. La democracia liberal convive mal con los tics intimidantes.