El Justicia de Aragón ha denunciado en un oportuno informe la extendida práctica de malos tratos a ancianos y ha solicitado la intervención de la Administración autónoma para que centre sus esfuerzos en erradicar la violencia en el sector de la población más desprotegido. Los datos aportados por Fernando García Vicente obligan a una reflexión profunda y a una actuación urgente, pues la estadística hospitalaria no coincide con la forense, de lo que se deduce que los casos más graves de maltrato pasan absolutamente desapercibidos. En los últimos cinco años, 285 ancianos aragoneses han sufrido una agresión violenta en el ámbito familiar. Cuantificar los malos tratos físicos parece sencillo desde el punto de vista médico pero no lo es tanto desde el social, porque los mayores raras veces denuncian la violencia emocional y psicológica o el abandono económico que sufren: primero por la situación de inferioridad en la que se encuentran y segundo porque para muchos sería una deshonra.

El Justicia ha hecho una radiografía de la situación que puede servir de base para crear una red de protección, necesaria a todas luces. Bastaría con abrir un registro con aquellos ancianos que no utilizan los servicios médicos y sociales, la primera voz de alarma.