Un año después de la tragedia del Yak ucraniano, en la que sesenta y dos militares españoles perdieron la vida, el caso parece evolucionar de forma más positiva. El nuevo Gobierno central, y en particular el ministro Bono, han hecho en poco más de un mes mucho más que el anterior Ejecutivo en orden a identificar los restos de las víctimas, clarificar la ubicación actual de dichos restos y establecer un sistema de reparación justo. En declaraciones hechas ayer, el actual ministro de Defensa reiteró su interés personal por las familias de los fallecidos, aunque advirtió que no desea convertir aquel accidente en un motivo de enfrentamiento directo con su predecesor en el cargo.
Hay que entender e incluso apreciar la voluntad pacífica de la Administración Zapatero y su deseo de no ir a un ajuste de cuentas con el PP y el Gabinete Aznar. Pero eso no debería ser óbice para profundizar objetivamente en el conocimiento de las circunstancias que rodearon el terrible suceso de hace un año. Más concretamente, no es procedente que ahora se ofrezcan indemnizaciones a los familiares a cambio de que retiren sus denuncias y renuncien a ulteriores investigaciones. Bono, que en general lo está haciendo bien, no debe caer en ese juego.
