Resulta muy difícil evaluar el estado del pacto cuatripartito que ahora hace un año permitió configurar un Gobierno en Aragón. Todo lo que se hablaba hace un año, o seis meses, ha pasado a un segundo plano ante la obligación forzosa de rehacer todos los proyectos y estrategias ante una pandemia que ha hecho tambalear los cimientos de la sociedad y de todas las administraciones públicas.

El pasado 1 de agosto se selló un pacto inédito y cuaya evolución era difícil de pronosticar. Cuatro partidos con ideología y tradiciones políticas distintas tenían que entenderse ante la aritmética que una vez más dio endiabladas condiciones en el Parlamento aragonés. PSOE, Podemos, PAR y CHA, en parte por la voluntad de sus cuatro líderes, se entendieron y firmaron un documento con 123 medidas para llevara cabo a lo largo de una legislatura que ha consumido una cuarta parte pero que, en realidad, empieza de cero después de que el estado de alarma, la pandemia y sus confianzas sociales y económicas han obligado a restablecer nuevas prioridades.

Es precisamente ese el principal desafío al que se enfrenta este Gobierno, que a pesar de sus posibles y existentes diferencias, llevadas con mucha discreción, tiene ante sí el reto de reinventarse y trazar una nueva estrategia marcada por las circunstancias. Lo que obliga en primer lugar a deshacer la única gran ley que consiguió sacar adelante antes de que el virus se mostrase con toda su crudeza. Esta ley es la de presupuestos para este año, que ahora ya es un papel mojado puesto que las necesidades financiera y el destino de los recursos han cambiado. La emergencia social y la necesidad de establecer planes de apoyo a sectores económicos que han quedado muy debilitados como consecuencia del confinamiento obligan a hacer malabarismos para que esos fondos lleguen a las necesidades que ahora se tienen. Todas las demás, pasan a un segundo plano. Este es un problema que atañe a todo el Gobierno, más allá de las consejerías, y que tiene que ser ampliamente detallado y consensuado también con los grupos de la oposición.

El primer año de esta legislatura se ha caracterizado por el hiperliderazgo de su presidente, Javier Lambán , y por la escasa confrontación política que ha habido en Aragón. Esta cuestión es de agradecer en política, y más en tiempos de crisis y cuando los ejemplos que vienen principalmente de la capital de España son poco edificantes. Pero la lealtad en la crítica y la ausencia de fuerzas desestabilizadoras no deben servir para que no haya una fiscalización más contundente, y para que la oposición sea más firme en sus críticas y en sus aportaciones constructivas.

Poco se puede analizar de un curso político que se vio abruptamente interrumpido a mediados de marzo, ante los preocupantes datos que arrojaba el número de contagios y que, tras una brevísima tregua a finales de junio, vuelve a preocupar y a dibujar un horizonte pesimista. Todos los departamentos del Ejecutivo se han convertido prácticamente en uno solo para hacer frente a las necesidades actuales. Asimismo, el peso ejecutivo de la comunidad autónoma se vio mermado durante el estado de alarma, al asumir el mando único todas las decisiones que eran competencia de las comunidades. A pesar de ello, el Gobierno de Aragón, como otros, tuvieron un protagonismo que ahora no deben perder y por tanto es el momento de que se reinvente y siga tomando decisiones en esta legislatura tan distinta y extraña.