Más de 80.000 aragoneses están en estos momentos sufriendo un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) como consecuencia del brusco frenazo de la actividad económica por el covid-19, y las previsiones apuntan que este número puede aumentar en las próximas semanas. Esta medida es traumática para cualquier trabajador, a pesar de que los motivos excepcionales por los que se está aplicando ha propiciado que la Administración haya puesto diversas condiciones y ayudas para afrontar el pago de los subsidios. Sin embargo, la avalancha de ERTE está provocando que se esté produciendo un considerable retraso a la hora de que los trabajadores reciban las asignaciónes de la prestación. Se habla incluso de más de un mes de retraso, lo que provoca un considerable perjuicio para muchas familias que tienen graves dificultades para llegar a final de mes.
Por este motivo, se hace indispensable que el Departamento de Economía del Gobierno de Aragón agilice al máximo los trámites para acelerar estos pagos de la prestación de desempleo. Es cierto que el colapso ante la avalancha de solicitudes por la siempre indeseable pero obligada burocracia administrativa dificulta esta tarea, pero se hace imprescindible pues son muchos los trabajadores que si se retrasa este subsidio pueden ver incrementados sus problemas.
Por eso, se debe tener en cuenta la iniciativa que ha presentado el PP en las Cortes de Aragón, para que el Gobierno autonómico llegue a algún acuerdo con las entidades financieras de la comunidad para que anticipen estos pagos con el aval del Ejecutivo autonómico. La propuesta, presentada por los populares, contempla que este anticipo sea de 750 euros al mes por trabajador y hasta un máximo de 1.500 euros. Una fórmula que podría ser bien vista por el Ejecutivo autonómico, consciente de que se debe evitar a toda costa un retraso tan perjudicial para los trabajadores.
