A medida que avanza la desescalada en los países europeos se multiplican las voces que reclaman la apertura de fronteras interiores del espacio Schengen. La voluntad manifestada el viernes por los ministros del Interior de la Unión Europea para que, a lo más tardar, a finales de junio -probablemente el día 29- se normalice la situación es un buen punto de partida para que no sigan proliferando los acuerdos bilaterales entre estados sobre apertura de fronteras y creación de corredores, y para que en dos semanas a partir del día 15 se generalice la movilidad. Es este un asunto capital para lograr un cierto alivio en el sector del turismo, esencial en países como España (14% del PIB) e Italia (13%), pero también en otros muchos, receptores de un turismo de vecindad.

Con acuerdos parciales y diferentes de estado a estado es improbable que el sector turístico europeo -más de 11 millones de empleos y el 10% del PIB- atenúe el descalabro de las previsiones hechas para 2020. Aunque en países como Reino Unido y Alemania se multiplican las voces para que las rutas hacia el sur se abran y fluyan los veraneantes, es improbable que se anime la compra de paquetes de vacaciones sin una doble garantía, si no absoluta, sí al menos razonable: que no habrá marcha atrás en el cierre de fronteras salvo causa de fuerza mayor y que el riesgo de contagio es extremadamente pequeño. Ambas condiciones parecen darse ahora en los grandes receptores de turistas -España, Italia, Francia y Portugal, entre otros-, pero es más que discutible que la situación en tales países pueda equipararse a la del Reino Unido, por ejemplo, donde el control de la propagación de la pandemia deja muchas dudas.

Al mismo tiempo, sin la apertura de las fronteras interiores y la aplicación de controles sanitarios fiables no es posible considerar siquiera abrir las fronteras exteriores de la Unión Europa. Este es un problema logístico capital para evitar la aparición de redes de contagio importadas y para comprobar hasta qué punto son eficaces los sistemas adoptados, de forma que puedan aplicarse con garantías a los viajeros procedentes de fuera de la Unión Europea, donde la variedad y el rigor de los programas para combatir el virus hace aconsejable, de entrada, estudiar los casos país por país.

Para España, es inexcusable poner a prueba el mecanismo a partir del 29 de junio, cuando abrirá las fronteras, y aquilatar la solvencia de las medidas de control que se tomen, no solo para abrir el grifo del turismo, sino también para decidir si este año será viable la operación paso del Estrecho, que cada verano gestiona el tránsito de personas procedentes del resto de Europa con destino al Magreb. En principio, mientras las fronteras exteriores de la UE sigan cerradas, no son operativos los enlaces con los países africanos, pero está por ver si la especificidad del problema admite alguna excepción o el cálculo de riesgos es demasiado elevado.

Si el confinamiento, que congeló la movilidad, contó mayoritariamente con la disciplinada colaboración de los ciudadanos europeos, que asumieron cambiar de un día para otro sus pautas de conducta, la desescalada y la apertura de fronteras plantean ahora problemas de control bastante mayores. Pero normalizar la movilidad no es solo una necesidad económica acuciante, sino también una necesidad social. Y es, al mismo tiempo, una prueba inaplazable para Europa, que al declararse la pandemia vio cómo cada estado aplicaba medidas según criterios propios, pero que ahora puede dar muestras de cohesión interna si aprueba un patrón común para abrir las fronteras y hacer posible una movilidad segura entre los diferentes estados.