Resulta que la Fiscalía General de Estado ha emitido un informe sobre la polémica con las instalaciones de la empresa Averly de Zaragoza en la que asegura que la tramitación del expediente municipal ha sido impecable y, en ningún caso punible, y ahora va la Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa) y carga contra la cúpula de Urbanismo del ayuntamiento por su comportamiento "caciquil" que impide la catalogación del edificio. Debería tener más sentido común esta asociación que da la impresión que solo busca un objetivo cueste lo que cueste.
