Las apuestas deportivas en locales aragoneses se han duplicado en cinco años, unas cifras que permiten deducir su coincidencia con el incremento de los establecimientos dedicados a este fin. Sin demonizar a las empresas que ejercen esta actividad, por otro lado regulada, las consecuencias sociales que comporta están en entredicho. Y la facilidad de adicción al juego que generan no es la menor de ellas, ya que se vincula a los deportes que tienen un enorme seguimiento popular y, sobre todo, y ahí radica uno de sus mayores riesgos, con mucha influencia en los jóvenes. Si además los locales se abren en barrios populares e incluso sin tener en cuenta la proximidad a centros de enseñanza, lo que facilita el acceso a los mismos y en un ambiente de emulación entre los grupos, los componentes del riesgo a que una parte de la población roce la consideración de ludópata están servidos.

Algunas ciudades, como Madrid y Barcelona ya han comenzado movilizaciones ante la actividad de estos locales por el potencial peligro que encierra y ayer, Zaragoza se sumó a ellas. Es un sentir social que empieza a calar.

Los psicólogos y las asociaciones que combaten las ludopatías exigen una regulación más estricta y recomiendan alejarlas de los institutos, así como mejorar los controles de entrada a estos establecimientos. Sin duda, medidas adecuadas que pueden frenar el incremento que se está detectando y cribar el acceso a los más vulnerables. Y la Administración de ser consciente de su capacidad de actuación frente a actividades que, siendo legales y regladas, tienen un efecto de amplio rechazo social aunque, paradójicamente, se incremente el número de usuarios. No solo son conceptos empresariales y de libertad individual para decidir un gasto económico los que deberían contemplarse. La realidad está poniendo sobre mesa los potenciales riesgos que surgen y hacerles frente, más pronto que tarde, es una obligación de los poderes públicos.