En estos momentos de desescalada, cuando la normalidad viene a querer ocupar su sitio, surge un tema central que afecta a numerosas familias y se refiere a la conciliación. Los recursos colectivos de cuidados están cerrados y no se ve la posibilidad en el corto plazo de abrirlos con garantías de seguridad, lo que devuelve la conciliación a los hogares, donde siempre ha estado, para que estos resuelvan como puedan esta cuestión.
La conciliación tiene un claro componente de género ya que en la actual organización social del cuidado, injusta e insostenible, son las mujeres dentro de los hogares las que asumen este trabajo de forma invisible y gratuita reduciendo sus jornadas, renunciando al empleo o trasladándolo a otra mujer a través del mercado en condiciones de precariedad. Hoy necesitamos abordar la organización social del cuidado para solucionar lo inmediato pero, sobre todo, para corregir las brechas de género que genera al excluirse del debate socioeconómico.
Y por ello, necesitamos generalizar conceptos como la corresponsabilidad, término que no solo alude al reparto equitativo del cuidado dentro de los hogares, sino al papel que deben cumplir las instituciones y también las empresas para que se puedan garantizar cuidados dignos y universales a lo largo del ciclo vital de las personas.
El empleo y las empresas deben perder esa prioridad absoluta que ostentan porque el trabajo productivo no nos sostiene de forma absoluta como sociedad, sino que se benefician del trabajo reproductivo sin asumir ningún coste ni complejidad en su gestión. Horarios pensados solo para optimizar el beneficio empresarial sin tener en cuenta las necesidades de cuidado personal y familiar o pluses de productividad que dejan al margen a quien tiene carga de cuidados potenciando la brecha salarial, son solo dos ejemplos sobre los que debemos incidir para colocar la organización social de los cuidados dentro del ámbito de responsabilidad de las empresas.
Y es que las mujeres accedimos al mundo del empleo en un marco pensado para personas sostenidas por otras, las invisibles, las que cuidan de sus necesidades y de su entorno. Accedimos sin que se pusiera encima de la mesa la división sexual del trabajo que adjudica valores diferentes a unos y otros trabajos, que sigue privilegiando los trabajos masculinizados sobre los feminizados en cualquier ámbito.
Necesitamos unas instituciones que no deleguen su papel sustentador precarizando el bienestar, reduciendo e ignorando su responsabilidad en el cuidado de calidad a lo largo de la vida de las personas. Es necesario que cumplan y garanticen servicios públicos de calidad para dar respuesta a las necesidades de la población. Recientemente FAPAR ha reivindicado un plan estatal para la conciliación, porque el problema de los tiempos es un problema que no sólo se debe resolver en la intimidad de cada hogar, es una responsabilidad compartida entre instituciones, empresas y familias.
Es momento de repensar la organización social del cuidado, incorporarlo al modelo socioeconómico con garantías y tejer una alternativa que se oriente por el bien común.
Toda crisis supone una oportunidad, así que si esta crisis de conciliación se resuelve con teletrabajo y flexibilidad que dificulta y precariza las vidas, sobre todo la de las mujeres, no habrán servido los aplausos ni la toma de conciencia de lo realmente relevante y necesario para la vida.
Necesitamos unos servicios públicos potentes, un marco de relaciones socioeconómicas que integre todos los trabajos y el refuerzo de las redes colectivas para tener una vida que merezca ser vivida. Una vida digna que no deje a nadie atrás.
*Coordinadora del área de mujer de IU Aragón
