La Policía ha incorporado al caso Plaza una valiosa documentación que pondría de relieve que las posibles irregularidades en la gestión del polígono logístico ya habían sido denunciadas internamente a partir del 2002. Alguien del anterior Gobierno autonómico debería responder por qué, conociéndose las quejas documentadas del exgerente de la sociedad, no se pusieron remedios para evitar que aquellas sospechas cristalizaran luego en evidencias que han acabado con la apertura de una instrucción judicial por sobrecostes en las obras.
