Al comienzo de 2017, el año que expira hoy, el Gobierno de Aragón anunció que pondría todo su empeño en el combate contra la desigualdad. Así lo argumentaba el presidente Javier Lambán, en un guiño a los partidos de izquierda a los que pedía apoyo para sacar adelante sus proyectos: «Más importante aún que crear riqueza, es repartirla con justicia y sin que nadie quede excluido de los beneficios del progreso». Pese al desideratum, le costó meses al socialista que Podemos bendijera unos presupuestos que materializaran esos objetivos, algo que finalmente obtuvo en el mes de mayo. Con tanta tardanza, su ejecución ha sido muy limitada. Más allá de los gastos comprometidos, las tímidas inversiones proyectadas apenas han podido desarrollarse .

A diferencia de hace un año, el 2018 comienza con mejores expectativas respecto de los presupuestos, ante la mejorada sintonía que muestran PSOE y Podemos desde que Pablo Echenique desapareció de la comunidad y fue sustituido al frente de la formación morada por Nacho Escartín. Al margen de la liturgia de las enmiendas, se da por cerrado un acuerdo entre ambos partidos, plasmado en unas cuentas muy expansivas, que colocan las inversiones en el umbral de hace ocho años, como en los albores de la larga crisis económica, y mejoran el gasto en todos los departamentos en la notable cifra de 250 millones de euros.

Tras años de recortes y de falta de entendimiento entre los partidos de las Cortes, más fragmentadas que nunca, toca una etapa de normalidad en la gestión presupuestaria y en las relaciones políticas, incluidos los grupos de la oposición a los que Lambán no debe dar la espalda a pesar de tener atada, ahora sí, su alianza de izquierdas. La legislatura aragonesa ha sido tan tormentosa, con los partidos enfrascados en tediosos procesos internos cuando no encerrados en estériles diatribas, que va siendo hora de que fructiquen proyectos largamente demandados. Por eso es importante que el año comience con la ley de presupuestos enviada a las Cortes. Porque además de ocuparse de la solidaridad es hora de que se genere empleo y riqueza, y la inversión pública es clave. Para conseguirlo será necesario que además de presupuestos autonómicos, el Gobierno de España pueda elaborar cuanto antes los suyos. Las expectativas son altas, con compromisos muy relevantes con las infraestructuras de titularidad estatal.