Aragón es la quinta comunidad que menos dinero público destina a dependencia (83 euros por habitante frente a la media nacional de 109), un dato que ayuda a comprender por qué el Observatorio Estatal de la Dependencia vuelve a dar un varapalo a la gestión del Gobierno aragonés en la aplicación de la ley. Solo Canarias, Valencia, Ceuta y Melilla lo hacen peor. Se vuelve a reducir el número de personas atendidas y un 30% de los que tienen reconocido su derecho están a la espera de prestación. Cuando desde el Gobierno hablan de que se mantienen los servicios sociales no se referirán a estos.
