Hace cuatro años, a estas alturas del mes de julio Javier Lambán y su Gobierno (el mismo que ahora está en funciones con el único cambio en el departamento de Sanidad) ya estaba empezando a dar la vuelta a las políticas que habían ejercido desde el año 2011 PP y PAR. La izquierda retomó el poder autonómico en el 2015 y empezó a pisar el acelerón de las reformas. Hoy, transcurridos 46 días desde la celebración de las elecciones autonómicas, 21 días después de que se constituyeran las Cortes de Aragón, la comunidad tiene nominado al socialista Lambán como candidato a ser investido presidente, pero no tiene los apoyos necesarios para ello e incluso no hay fecha para celebrar ese debate parlamentario. Van pasando los días y lo único que se está generando es una incertidumbre que perjudica a todo el autogobierno aragonés. Porque se está poniendo freno al desarrollo de las competencias autonómicas (no hay que olvidar que incluso está prorrogado el presupuesto de la DGA del año pasado ya que no se presentó proyecto para el ejercicio 2019 por falta de acuerdo político), se daña a las instituciones que tienen que velar por el buen funcionamiento del Estatuto y se priva a los ciudadanos y a todos los agentes económicos de la confianza mínima para que con sus actuaciones se permita seguir alcanzando cuotas de prosperidad.
Ya hay muchas voces de empresarios aragoneses que están pidiendo a los partidos políticos «generosidad y altura de miras» para resolver esta situación y alcanzar acuerdos de investidura. Pero lo mismo está ocurriendo con colectivos y asociaciones de contenido social cuyo trabajo y asistencia depende del Gobierno regional. Que el bloqueo político que se está produciendo con el Gobierno de España se trasladara también al de Aragón sería lo peor que le podría ocurrir a una comunidad que está muy acostumbrado a gobiernos de coalición y a pactos para gobernar ya que nunca ha habido una mayoría absoluta en la Aljafería. Enrocarse en posiciones que aparentemente solo tienen unos claros intereses partidistas tiene unos elevados costes para Aragón. Y esos daños habrá que imputárselos a todos los partidos cuyos votos son imprescindibles para investir presidente. Y de aquellos otros que no plantean ni una posible abstención que sería suficiente para poder formar gobierno. El no por el no solo perjudica. Y a todos los aragoneses.
