Más de 6.400 aragoneses, una cifra significativa de la población mayor de edad, ha planteado ante el Registro de Voluntades Anticipadas su decisión de cómo desean acabar su vida y qué cuidados recibir. Una posibilidad que ha legislado la comunidad (aunque no existe una ley estatal) y que es ejercida cada año por más de 700 personas. Una decisión que alimenta el derecho a aliviar el sufrimiento al final de la vida y respetuosa con las creencias y valores de cada persona. Es, en definitiva, ser dueño hasta el final de la propia vida.