Las estadísticas solo hacen que confirmar lo que la ciudadanía percibe de forma directa, en su quehacer diario. La pérdida de poder adquisitivo entre los trabajadores aragoneses --no digamos entre quienes carecen de él-- se ha reducido un 8% desde hace cinco años, según un estudio de Adecco. El descenso prácticamente duplica el del resto de España y equivale a más de 1.500 euros anuales, es la tercera comunidad más perjudicada. Posiblemente, incluso, los datos se queden cortos con la realidad de las nóminas. Un hecho tan evidente justifica ese incremento de la competitividad en Aragón del que tanto se alardea desde el poder Ejecutivo. Menores costes aumentan las exportaciones. Pero, al mismo tiempo, la reducción de ingresos en las familias debilitan el consumo interno, que impide reactivar la economía. ¿Hasta cuándo?