Aragón es la comunidad que más ha retrocedido en la aplicación de la Ley de Dependencia desde junio del 2011. Entonces, el observatorio estatal calificó la ejecución con un 7,5. En los últimos dictámenes solo ha obtenido un 3,8 y, además, solo Baleares, Ceuta, Melilla, Canarias y la Comunidad Valenciana obtienen peores resultados. Es grave y debería ser vergonzoso para los gestores en la comunidad que el descenso de los expedientes activos de personas con gran dependencia sea el peor de toda España y triplique la media nacional.
