Visto lo que hay por las distintas comunidades españolas, bien se puede decir que Aragón ha tenido suerte con los cargos políticos elegidos en las listas del partido ultraderechista Vox. Al menos de momento, ni los diputados autonómicos ni los concejales, sobre todo de Zaragoza, Huesca y Teruel, no parecen tener el autoritarismo ni las ganas de ser protagonistas (acuerdo económico por medio) que tienen en otros territorios y que supone una combinación de maniobras que crean un ambiente tóxico. Claro que los de Vox están en el punto de mira, pero también los hay de otros partidos políticos que se contagian por la desestabilización de aquellos. Camino del ecuador de las legislaturas, esperemos que todo siga igual y no se rompa porque cualquier pirueta similar a las vividas en las últimas semanas en diferentes comunidades podría generar momentos estelares también por aquí. Y más cuando hemos visto cómo no solo no hay acuerdo para endurecer el castigo a los tránsfugas, sino que la derecha ha dado muestras esta misma semana, en Zaragoza y Madrid, de no querer hacer nada por la estabilidad institucional y dejar que siga habiendo tránsfugas que hagan y deshagan a su antojo. Muy triste.

Más de una autoridad aragonesa lo dice: lo ocurrido en Murcia o en Madrid o con Toni Cantó, es difícil que suceda en Aragón, al menos si se mira a las instituciones más relevantes (en algunos pueblos ya están pasando asuntos personales raros o dispares). Por un lado, en las Cortes de Aragón, se goza de una mayoría política sólida, la de los cuatro partidos que sujetan al Gobierno de Lambán, que de romperse por algún lado siempre se mira hacia el punto violeta de Podemos, pero a nadie se le pasa por la cabeza. Los tres diputados de Vox no tienen la relevancia que sí la tienen en otras instituciones, como el Ayuntamiento de Zaragoza (con sus votos hicieron alcalde a Jorge Azcón) y tampoco son lo llamativos de otros lugares. Quizás el que más polémicas ha generado, sobre todo por sus comentarios en las redes sociales, ha sido el diputado por Huesca, el abogado David Arranz, pero ya se encargó la propia formación de quitarle la portavocía. El actual líder del grupo parlamentario, Santiago Morón, es mucho más respetuoso y la diputada por Zaragoza Marta Fernández no llama la atención. Todas sus intervenciones entran dentro de su normalidad.

De los concejales de las capitales ocurre algo similar. Los de Teruel, Alejandro Nolasco, y Huesca, Antonio Laborda (que tuvo un inicio de corporación un tanto movido por la elección del alcalde Luis Felipe, al igual que los ediles de Ciudadanos) pasan sin pena ni gloria y los dos de Zaragoza son vitales para el equipo de gobierno pero, de momento, están en actitudes tolerables para PPy Cs. Julio Calvo, el portavoz, tiene la ventaja que ya fue concejal del PP en anteriores corporaciones, por lo que le da un plus de familiaridad con los populares, además que cuenta mucho a su favor su buen tono y educación, incluso en estos últimos tiempos en que parece que le están exigiendo un poco más al alcalde, al menos de cara a la galería. La otra concejala, Carmen Rouco, puede ser la que más representa el tono y la marca de Vox, pero su papel es más comparsa.

Todo este buen rollo ultra no quiere decir que en un momento determinado cambiara y se transformara en actitudes similares a las de Murcia, pero aparentemente parece un poco alejado en ese sentido. Por eso debería ser preocupante para todos los partidos que el PP no quiera poner freno a la corrupción que representan los tránsfugas. El debate de esta semana en el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza evidenció claramente que mientras todos los partidos, incluido Ciudadanos, entienden que el pacto antitrasfuguismo es una muestra de compromiso ético, moral, público y de lealtad a la elección de los votantes, Vox, y sobre todo el PP, defendieron comportamientos antidemocráticos como son pasar de un partido a otro, sea o no con dinero por medio, al no votar a favor de dicho acuerdo. E incluso, se puso de manifiesto en la reunión de la comisión de seguimiento del pacto en Madrid, que difícilmente tendrá unanimidad ni un consenso claro entre PSOE y PP cualquier reforma de la ley electoral que endurezca las consecuencias del transfuguismo político. Y eso que la mayoría de partidos que asistieron a dicha comisión dijeron que el caso de los tres diputados de Ciudadanos que votaron contra la moción de censura de Murcia era un ejemplo de libro de lo que debería catalogarse como transfuguismo.

Suerte que estamos viviendo en Aragón la legislatura del entendimiento, aunque sea más difícil llevarlo, sobre todo, al Ayuntamiento de Zaragoza. Porque con el pasado existente (que nadie se olvide de Gomáriz y De Torres, por ejemplo) hay que pensar en apuntalar muy bien las estructuras políticas para que nadie se saque de la manga un pin parental cualquiera y empiece a generar piruetas que puedan desestabilizar las instituciones. No son épocas para eso, teniendo en cuenta toda la faena inmediata que hay para sacar adelante al territorio de todo lo provocado por la crisis sanitaria y sus derivadas económica y social.