Aragón, con 731 municipios, cuenta con una población de 1.300.000 habitantes, de los que 900.000 viven en 13 ciudades. El resto están censados en 718 pueblos que forman parte de la España vaciada. Al enfrentarnos con el problema de la despoblación en Aragón deberíamos asumir, de entrada, que es imposible resolver a gusto de todos, los problemas de cada uno de los 718 municipios. Por mucho que se empeñen, con razón, los 718 alcaldes.
Esta premisa nos debería obligar a revisar y reordenar las medidas necesarias para hacer frente a la progresiva despoblación de muchas partes de nuestro territorio. Aún estamos a tiempo, teniendo en cuenta que muy pocas se han puesto en ejecución hasta la fecha. Porque, siendo cierto que quienes se ocupan del Aragón vaciado -administraciones, organizaciones sociales y particulares- han ideado un catálogo de acciones de muchas clases (fiscales, laborales, sanitarias, educativas, de infraestructuras de todo tipo, etc.) -casi todas de manual- sin embargo, la mayoría exigen importantes inversiones, generalmente públicas, difíciles de financiar. Medidas que son interesantes, que ya se aplican con éxito en otros países, pero cuya distribución entre 718 ayuntamientos, será siempre conflictiva a la vista de los reducidos presupuestos con los que se cuenta. En consecuencia, debería quedar claro que la lucha contra la despoblación tiene como fin último rellenar de vida partes importantes del territorio, atendiendo a criterios de racionalidad, eficiencia social y equilibrio interno. En ningún caso convertirla en una especie de fondo local para todos los municipios. Para ese fin ya se destinan otros medios.
Lo primero que deberíamos plantear es ocuparnos del problema por comarcas y no por municipios. Porque, es penoso ver como se desaprovecha uno de los proyectos de descentralización política y administrativa más importantes de Europa. Aunque reconozco que, como dijo Einstein, «es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio», la verdad es que todavía, fruto de la ignorancia, son muchos los prejuicios que se ciernen sobre las comarcas. Y, sin embargo, es en el modelo territorial aragonés donde hallaremos los instrumentos más importantes de la lucha contra la despoblación.
Para hacer de la proximidad un valor en alza, habría que transferir a las comarcas el segundo y tercer bloque que competencias que duerme el sueño de los justos en los archivos de la administración aragonesa. De esta forma las decisiones, con el respaldo de las leyes y de los presupuestos correspondientes, se tomarían sobre el terreno y serían directamente los interesados los que harían valer sus razones, haciendo propuestas, gestionando los recursos propios y los ajenos que les encomienden las administraciones autonómica y central, facilitando sinergias y procurando que los esfuerzos tengan una finalidad común. Descentralizar las competencias y los presupuestos hacia las comarcas supone dejar el futuro en su mano.
A la vez, las administraciones superiores - gobiernos de España y Aragón- procurarán aplicar medidas de discriminación positiva en favor de una población de 400.000 habitantes. Porque, además de los presupuestos, son las leyes las que cambian la vida de los pueblos, si se cuenta con ellos. Por ejemplo, declarando de interés autonómico todos los proyectos-públicos y privados- que se ejecuten en las comarcas o estableciendo un modelo tributario ad hoc para el Aragón vaciado.
En definitiva, tomemos en serio el problema de la despoblación y no lo convirtamos en una especie de tour de force o debate permanente. Es más fácil resolver, pensando en 400.000 personas, una treintena de problemas que no resolver 718.
