Fue a comienzos del siglo XIV cuando el rey Jaime II decidió crear un archivo en el cual conservar la documentación de su cancillería. En el año 1318 este monarca, llamado «El Justo», ordenó que todos los documentos procedentes de la Corona de Aragón y emitidos por sus monarcas o recibidos por ellos se guardaran en unas dependencias del palacio real de Barcelona. Allí fueron a parar además documentos de los condes de Barcelona, anteriores a la unión dinástica de ese condado con el reino de Aragón, y algunos otros que se habían guardado en el monasterio aragonés de Sijena desde la época del rey Alfonso II y de su esposa la reina Sancha, a fines del siglo XII o en el convento de dominicos de Barcelona.

Desde 1318 el Archivo de la Corona de Aragón es uno de los más importantes del mundo para la historia de la Edad Media, sobre todo porque contiene entre sus fondos la colección de Registros de Cancillería, una serie de regestas documentales de los diplomas expedidos por los reyes de la Corona desde el reinado de Jaime I.

El ACA, como se conoce por sus siglas, ha estado ubicado, desde su creación, en Barcelona, y es uno de los archivos generales del Estado español, como el Histórico Nacional en Madrid, el de Indias en Sevilla o el de Simancas. Los fondos que atesora son patrimonio histórico de todos los antiguos reinos y territorios que configuraron la Corona de Aragón, y su propietario legal es el Estado español.

Para propiciar su mejor funcionamiento y conservación se creó en el año 2007 un patronato en el cual están representadas todas la Comunidades Autónomas que formaron parte de la Corona de Aragón (Aragón, Baleares, Cataluña y Valencia). Pero, por razones políticas, ese patronato no se reúne y no cumple las funciones que su reglamento le encomienda.

Barcelona es la ciudad donde se ubica el ACA, pero la Generalitat de Cataluña no es la propietaria, pese a que una y otra vez reclama que este archivo pase a formar parte de su patrimonio histórico-artístico, en un intento de quedarse con lo que no sólo es suyo.

No. El ACA es del Estado y lo es porque la Constitución y las leyes que de ella se derivan así lo dictan. Por eso, la autoridad competente, es decir, el Gobierno de España a través del Ministerio de Cultura, debería cumplir y hacer cumplir la ley y convocar de una vez ese patronato, para que no ocurra lo que algunos pretenden. Pero ni lo hace ni parece que tenga la menor intención de hacerlo, incurriendo así en otra lamentable dejación de funciones. Una más.

*Escritor e historiador